El ministerio de Empleo no ha terminado las consultas sobre la nueva Ley de Mutuas de trabajo y enfermedades profesionales. Pero sí ha terminado ya sus cálculos: ahorrará 227 millones traspasando el control y seguimiento de las bajas por enfermedad a empresas privadas en lugar de que las controlen los médicos de la Seguridad Social como hasta ahora. Pese a que el Ejecutivo no ha remitido a los grupos parlamentarios la memoria económica de la nueva norma, sí ha incluido ese cálculo en sus cuadros presupuestarios internos.
El Gobierno estima que la batería de medidas que prepara tendrá –según sus cálculos internos—“un impacto positivo en términos de ahorro de prestaciones de seguridad social y gasto sanitario (…) reduciendo el absentismo laboral injustificado”. En total, el ahorro sumará un ahorro de unos 227 millones de euros.
Las novedades del sistema
El endurecimiento de las bajas por enfermedad se está llevando a cabo mediante dos normas que el Gobierno pretende concretar en los próximos meses: un Real Decreto de gestión y control de los procesos de incapacidad temporal y la llamada Ley de Mutuas. Fuentes de las Mutuas reprochan al Ejecutivo que ha abandonado tanto el diálogo como las consultas con ellos y el mismo reproche lanzan los grupos del Congreso que aseguran que el PP está legislando en solitario el nuevo sistema.
El Ejecutivo pretende instaurar un sistema por el que las bajas médicas concedidas por los médicos de la Seguridad Social en procesos no superiores a cinco días llevarán aparejadas altas médicas automáticas, sin necesidad de un segundo control de los facultativos ni de que se vise la evolución del paciente.
En segundo lugar, el Gobierno remitirá a los médicos de la Seguridad Social lo que define como “tablas de duración óptima de las enfermedades” para que ajusten las bajas a “las patologías diagnosticadas en función de la edad del trabajador y la actividad laboral que realiza”, asegura el Gobierno.
Por último, al margen de los médicos del Sistema Nacional de Salud, el proyecto del Gobierno pretende aumentar también las competencias de que disponen las Mutuas de Trabajo privadas. Hasta ahora, esas asociaciones gestionaban las enfermedades profesionales, las llamadas “contingencias profesionales”, de casi trece millones de trabajadores y las bajas por accidente, englobadas en las conocidas como “contingencias comunes”, de otros once. Con la nueva norma, el Gobierno pretende traspasarles también la capacidad de dar altas médicas a los trabajadores asociados “desde el primer día de baja laboral por enfermedad común”.
El negocio de las mutuas
En España existen a día de hoy 20 “Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social”. Son asociaciones de empresarios, sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social. Para obtener el reconocimiento del Ministerio de Empleo, deben contar con un mínimo de 50 empresarios asociados y 30.000 trabajadores protegidos y con un volumen de cuotas no inferior los 9 millones de euros, así como prestar una fianza que oscila en función de las cuotas que cobran.
El pasado año, esas empresas ingresaron más de 5.300 millones de euros en concepto de cuotas por contingencias profesionales, más de 3.000 millones por contingencias comunes y más de 131 millones por ceses de actividad, según los datos de la propia Seguridad Social.
Frente a las 20 mutuas españolas, países como Alemania cuentan con 4 ó 5 asociaciones sectoriales. Según fuentes del sector consultadas la Ley de Mutuas que maneja el Gobierno pretende incentivar la fusión entre ellas para “consolidar” el sector, una intención que los grupos de la oposición en el Parlamento ven con recelo. Fuentes socialistas denuncian que la excesiva concentración puede recortar la competencia entre las mutuas y, por tanto, ir en detrimento de los trabajadores.
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