Ecologistas en Acción de Extremadura ha pedido en un comunicado que se investiguen las presuntas ilegalidades e incluso “posibles delitos” que han revelado las imágenes y declaraciones vertidas en un reportaje televisivo sobre la central nuclear de Almaraz y otras centrales expañolas y han vuelto a pedir su “cierre inmediato”.
Desde EA se solicita a la Junta de Extremadura, al Gobierno y a la Fiscalía, que “investiguen los hechos muy graves que se han hecho públicos gracias a este programa de televisión” y que “están creando preocupación por la seguridad y los posibles efectos negativos en la salud de los extremeños que pueden estar provocando las emisiones radioactivas de la central de Almaraz”.
Entre otras posibles situaciones irregulares reveladas en televisión estarían las de las condiciones de algunos trabajadores a la hora de realizar las recargas periódicas de combustible, por lo que solicitan que por parte de inspección de trabajo “se revisen los sueldos y las dosis radioactivas que reciben”.
En este sentido, denuncian que la central nuclear “oculta las elevadas dosis diarias que reciben quienes entran en las zonas con más radioactividad diluyéndolos entre la totalidad de los trabajadores, dando los datos de radiación del conjunto de la plantilla, incluyendo los de las oficinas, sin especificar aquellos que reciben grandes dosis”.
Estos hechos se encubrirían, según EA, con la utilización del dato de los milisivert por año, recibiendo algunos trabajadores dosis próximas al máximo anual en pocos días. Consideran así que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) “puede ser cómplice de estas prácticas peligrosas para la salud de los trabajadores”.
Asímismo, califican de “poco creíble” la afirmación del director de la central de que “no se paga más a los trabajadores que reciben dosis altas en las recargas”, y piden que desde la Junta de Extremadura “se investigue y haga público si esto es falso o si se están justificando las primas como dietas, horas extras u otros conceptos no legales” o, incluso, son pagadas con dinero negro.
Además, consideran “inaudito” que todavía no se haya realizado un estudio epidemiológico independiente de los efectos que sobre las personas del entorno pudieron tener, por ejemplo, los accidentes del ocurridos el mes de junio de 1988, en que hubo una importante liberación de sustancias radioactivas, “de las que ni siquiera se alertó a la población y que debió ser motivo de clausura”, entre otros muchos, así como del efecto sobre la salud de la continua emisión de radioactividad, y que, según se desprende del programa, “se podría encontrar por encima de los niveles máximos legalmente admitidos en la actualidad”.
Además, EA pide que se hagan “más fácilmente accesibles” los datos de radioactividad de la zona a los ciudadanos, que se realice un estudio independiente, “en tiempo real”, sobre las emisiones de la central nuclear al entorno y se compruebe si los datos que actualmente facilita la central, el CSN o la universidad -alguno de sus departamentos como el de Física han recibido importantes subvenciones de la CNA- coinciden, son ciertos o están falseados.
Para Ecologistas en Acción resultan “escandalosos” los supuestos pagos y/o regalos que por parte de la central podrían haberse realizado a algunos políticos de la zona, como afirmó el alcalde de Saucedilla, Urbano García en el programa, exigiendo se investiguen estos hechos por parte de la fiscalía en los pueblos del entorno más cercano para clarificar si son ciertos, ya que serían “muy graves”.
En este sentido piden que se esclarezca “por qué muchos políticos de la comarca, la mayoría de los alcaldes y muchos concejales, son al mismo tiempo trabajadores de la central”. Consideran “muy difícil” que algunos políticos “no antepongan sus intereses económicos y personales al interés general y la salud de sus ciudadanos” y opinan que muchos de ellos “parecen servir más a los intereses de la central, defendiendo continuamente su supuesta inocuidad”.
Por ello, piden explicaciones sobre el “poco interés” de la mayoría de estos alcaldes por impedir los expedientes de regulación de empleo que la central nuclear está llevando a cabo en los últimos años, y su falta de preocupación por la merma de seguridad que está provocando la importante disminución de personal, como indicarían las múltiples paradas no programadas y accidentes que viene sufriendo la planta nuclear, que sobrepasa ya los 20 años y, sin embargo, ha visto reducidos sus empleados a menos de la mitad en diez años.
Según Ecologistas, estos programas están revelando a la opinión pública las “escandalosas deficiencias” del Plan de Emergencia ante un accidente nuclear, y lo consideran “absolutamente inoperante”. En este sentido, también creen “imprescindible” que se obligue a las centrales nucleares a suscribir un seguro de responsabilidad civil ilimitada.
Finalmente, exigen que se anule el actual permiso de funcionamiento que estaría vigente hasta el 2010, en base a las “múltiples irregularidades” y a la “amenaza” que supone para la salud, procediendo a cerrar la central “de inmediato”, tal y como desean la mayoría de los extremeños.
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