Casi 1.100 españoles decidieron denunciar en lo que va de año situaciones que entendían que atentaban contra su derecho a la intimidad o a la dignidad en sus puestos de trabajo. Es lo que se denomina en la jerga mobbing, bullying o, sencillamente, acoso laboral.
La cifra, que incluye tanto a hombres como mujeres, supone un incremento en la media mensual del 25%. Mientras que el pasado año, el Ministerio de Trabajo recibió un total de 1.756 denuncias por este motivo. Por territorios, el acoso laboral se registró de enero a junio mayoritariamente en Cataluña, con un total de 234 casos, seguido de Madrid (187), Canarias (118) y Andalucía (98). En cuanto a las denuncias por discriminación laboral por razón de sexo, se produjeron en el primer semestre de 2007 un total de 118, lo que supone un 15,4% más en la media mensual con respecto al año anterior, en el que se tramitaron 187 denuncias en todo el ejercicio.
En este tipo de quejas, fue Madrid, con 30 casos, que rebasó en un solo semestre, las 28 denuncias recibidas en todo 2006. En Cataluña, por su parte, únicamente se tramitaron tres.
Advirtiendo el problema en su contexto europeo, se observa que las denuncias por intimidación o acoso en España se sitúan por debajo de la media europea, según los últimos datos presentados por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo. Ésta sitúa en un 3% a la población afectada en España, un índice por debajo del 5% de la media comunitaria y similar al de países como Italia o República Checa.
Estos datos sitúan a los españoles en el grupo de los menos acosados, muy lejos de los finlandeses u holandeses, cuyas tasas de denuncias por esta situación en sus puestos de trabajo afecta al 16% y 12% de los ocupados, respectivamente.
En cuanto a la distribución por sectores de los datos de acoso y violencia en Europa, la encuesta establece que los trabajadores más afectados son los sanitarios, seguidos de los educadores y los funcionarios.
Si se hace el ejercicio de cruzar los datos de denuncias a la Inspección de Trabajo y Asuntos Sociales (correspondientes a 2006) y los de la encuesta europea (2005) se puede comprobar que, aunque el 3% de la población afirme ser víctima de acoso laboral, sólo el 0,004% de los españoles se atreve a interponer la pertinente denuncia contra su superior.
Para facilitar la lucha contra el acoso, una de las propuestas de reforma del Código Penal que se tramita actualmente en el Parlamento, establece para los acosadores penas de prisión de entre seis meses a dos años. Principalmente por el coste social que comporta, pero también por el económico, causado a las empresas y a la Seguridad por el absentismo y las bajas laborales.
Una prueba de este gasto para el sistema público de pensiones es la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que confirma la incapacidad permanente y absoluta para una trabajadora de 29 años que padece depresión por los comportamientos de su jefe.
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