“Desde mi independencia, no tengo ninguna obligación, excepto la que me dicte mi conciencia y mi ciencia”. Así contestó el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, a las críticas de la oposición por no presentar recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Extranjería tal y como se lo han pedido centenares de organizaciones y ciudadanos por no reconocer explícitamente derechos sociales a los extranjeros ‘sin papeles’. Para Múgica y los dos adjuntos del Defensor, la Ley “es constitucional”. Además anunció oficialmente que el Gobierno aplicará sus 13 recomendaciones para lograr una aplicación “flexible de la Ley”.
El defensor quiso resaltar ayer en rueda de prensa multitudinaria que su independencia está “avalada” por “el hecho de que fue elegido para el cargo por la mayoría cualificada de las Cortes Generales; esa es la mejor “presunción de inocencia”, señaló.
PNV, IU, EA y el BNG han pedido la comparecencia del Defensor en la Comisión Mixta Congreso-Senado para que dé explicaciones de su decisión. El PSOE no lo ha hecho, aunque apoyará las peticiones de otros grupos.
Enrique Múgica mencionó en varias ocasiones la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyos resultados (presentados la víspera por el Gobierno), en principio, se pueden interpretar como un apoyo a la política del Ejecutivo en inmigración, ya que el Ejecutivo busca por encima de todo que los extranjeros que lleguen a España lo hagan con contrato laboral y posibilidades reales de conseguirlo, para así fomentar “la legalidad”, en palabras de Aznar.
El Estado podrá “modalizar” los derechos socialesde los inmigrantes irregulares en el futurosiguiendo el articulado de la Constitución.
El Defensor, miembro del Partido Socialista, aseguró que su posición con respecto a la Ley no puede calificarse como contraria a los principios ideológicos de la izquierda, ya que el 78,7 por ciento de los españoles consideran que los inmigrantes deben llegar a España con contrato (según los datos del CIS). No creo que el 11,3 restante sean los únicos ciudadanos de izquierda de este país, remarcó Múgica.
‘Modalizar’ los derechos de los ‘sin papeles’.
El Defensor leyó una tribuna de opinión publicada recientemente por un jurista “contrario” a la constitucionalidad de la ley en la que recuerda que la norma no prohíbe expresamente derechos sociales (reunión, asociación, manifestación, asistencia jurídica, sindicación) en su redactado, ya que se centra en dictar cuáles son los derechos de los legales; sin embrago, no quiso confirmar si este hecho ha pesado en su decisión de no recurrir la Ley por no reconocer derechos sociales a las personas extranjeras ‘sin papeles’, tal y como piden los partidos de izquierda. Múgica dio a entender, sin mencionarlo explícitamente, que el Estado podrá “modalizar” los derechos sociales de los inmigrantes irregulares en el futuro siguiendo el articulado de la Constitución.
Zapatero se quedó sin Pacto
Todo indica que mientras el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se empeñaba en frenar los recursos de sus barones contra la ley mientras pedía un Pacto de Estado al Gobierno en inmigración, el Ejecutivo ‘pactó’ con la institución del Defensor del Pueblo para introducir mejoras que en numerosos casos fueron apuntadas, en su momento, por la oposición de forma reiterada durante y tras la aprobación de la norma en el Parlamento.
Múgica dejó claro, en su intervención ante los periodistas en la sede de la institución, que el Gobierno continuará mirando al Defensor como su ‘guía espiritual’ y legal en la aplicación de la Ley al mostrar su convencimiento de que sus recomendaciones serán aplicadas por el Ejecutivo.
Tras la aprobación de la Ley en el Congreso, el Gobierno está decidido a dar ‘papeles’ a todos los inmigrantes con trabajo -o con opción de trabajar- mediante un reglamento progresista para la aplicación de una norma que busca, ante todo, acabar con el ambiente de ilegalidad de la inmigración en España y el denominado ‘efecto llamada’. “España necesita inmigrantes, y quiere inmigrantes”, ha declarado Aznar con insistencia en las últimas semanas.
Trece recomendaciones a cumplir.
Las recomendaciones del Defensor se centran en aplicar “de forma urgente” los principios de “arraigo” y “humanitarios” para conceder exenciones de visado y permisos de estancia temporal “incluso” antes de la aprobación del reglamento que desarrolla la Ley (un borrador del mismo ha sido remitido por Mariano Rajoy a todos los partidos parlamentarios).
Además, quiere que el Gobierno regule a todos los ilegales que denuncien lesión de sus derechos, contrataciones ilegales y violación de las normas de higiene y seguridad en el trabajo; regular la inmigración en el ámbito rural, en particular en las condiciones de alojamiento de los trabajadores del campo; y valorar los testimonios de inmigrantes que trabajan en la construcción en la denuncia de infracciones en seguridad laboral “por encima” de la aplicación de medidas de expulsión de los denunciantes irregulares.
Se propone permitir la entrada sin convenio bilateral y evitarla expulsión de los ilegales con posibilidadesde trabajar en el ámbito doméstico.
Las empleadas domésticas tendrán un trato privilegiado. Múgica propone permitir la entrada en España sin convenio bilateral de inmigración y evitar la expulsión de los ilegales con posibilidades de trabajar en el ámbito doméstico o en atención a discapacitados, ya que para este tipo de empleos es necesario un conocimiento personal previo del trabajador.
El Defensor considera que hacen falta más trabajadores extranjeros, por lo que pide incrementar de forma realista el contingente de inmigrantes anual, el refuerzo de la estructura administrativa provincial para la atención a los extranjeros, y elaborar normas que aseguren los derechos de procedimiento administrativo a los inmigrantes que soliciten su entrada en España.
Además, considera que se debe evitar la concentración de colegiales extranjeros en las escuelas para ayudar a su integración, favorecer legalmente la permanencia de menores extranjeros, e informarles de los medios para conseguir ser españoles.
En las fronteras y ‘puertas’ de España, Múgica considera necesario incrementar las medidas de protección, evitar situaciones de discriminación en los procedimientos de rechazo, y la mejora radical de las condiciones de alojamiento de los extranjeros en aeropuertos y otros lugares de entrada en el país, y en la asistencia jurídica a los polizones en todos los casos.
Según los datos oficiales, la Institución ha recibido un total de 672 solicitudes para que interpusiera recurso. De todas ellas, sólo 99 fueron cursadas por colectivos y el resto por personas individuales. Entre los colectivos figuran 6 ayuntamientos, 2 partidos políticos, 7 sindicatos, 21 ongs y 63 asociaciones de todo tipo como la asociación deportiva Málaga, la Fundación Albergue Covadonga o la Comunidad de vecinos Cristo del Mar.
Múgica destacó de que del total de las 26 organizaciones que trabajan con inmigrantes y que integran el foro de la inmigración, 10 solicitaron al Defensor que interpusiera recurso.
Ante la cuestión de si debería haber planteado recurso cuando así se lo piden asociaciones y sindicatos -que no pueden hacerlo directamente-, aludió a su conciencia y dijo que si tuviera la obligación de interponer todos los recursos que le solicitan “esta institución se convertiría en una institución absolutamente lamentable”.
El PSOE dice que Múgica se ha equivocado.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, salió al paso de las manifestaciones del Defensor para asegurar que Múgica “se ha equivocado”, y que, aunque sólo fuera por razones humanitarias, debería haber recurrido la ley. Caldera dejó claro que el PSOE hace estas críticas con todo el respeto hacia el Defensor del Pueblo: “Incluso desde la discrepancia, respetamos la independencia del Defensor del Pueblo y el prestigio de la institución”, subrayó.
Caldera afirmó que el grupo socialista nunca superará el límite de las críticas, que él mismo situó en la “erosión del sistema”, si bien apuntó que la “defensa cerrada” que el presidente del Gobierno, José María Aznar, ha hecho de Múgica “perjudica a la institución”. Respecto a la independencia del Defensor invocada por el propio Múgica, manifestó que “una cosa es la legitimidad de origen”, de la cual “dispone plenamente” por haber sido elegido por el Parlamento, y otra “la legitimidad de ejercicio”.
Sobre la relación entre la ley de Extranjería con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, matizó que ambas declaraciones admiten la restricción de ejercicio de derechos fundamentales, pero no su anulación, como hace esta norma. La Ley de Extranjería comporta la “anulación completa”, según sus palabras, de los derechos de reunión, asociación, manifestación, huelga y sindicación de quienes no estén legalmente en España.
Caldera admitió incluso que si la ley hubiera restringido estos derechos, sin anularlos completamente, bajo razones como la seguridad nacional o el orden público “hubiera sido aceptable”. Como ejemplo de los efectos de la aplicación de la ley apuntó que una mujer introducida ilegalmente en España por una mafia dedicada a la prostitución no podría, a tenor de lo establecido en esta norma, disponer de asistencia jurídica gratuita para denunciar a las personas que la están explotando.
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