Según la calificación del fiscal, durante la construcción del forjado de la primera planta del asilo municipal se debilitó la estructura de uno de los muros de carga.
El fiscal asegura que no se habían adoptado medidas de seguridad, como el apuntalamiento, que podía haber garantizado la estabilidad del muro, teniendo en cuenta además que días antes había llovido mucho.
Por este motivo, el muro sobre el que se hacían las obras de rehabilitación se cayó y atrapó al gruísta, que falleció, y causó lesiones a otros cuatro trabajadores.
Por estos hechos, el fiscal solicita penas que suman nueve años de cárcel para tres de los imputados: el arquitecto que estaba encargado del proyecto de esa obra, el arquitecto técnico que era el coordinador de seguridad en la actuación y el jefe de obra.
El ministerio público solicita tres años de prisión a cada uno de ellos y los acusa de un delito de homicidio por imprudencia, además de pedir la suspensión de empleo y cargo público por el tiempo de condena.
Además, el fiscal imputa al representante legal de la subcontrata y a un segundo coordinador de seguridad de la rehabilitación del asilo por una falta de imprudencia leve con resultado de muerte, penado con 600 euros de multa.
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