Los trabajadores extranjeros tienen un 34% más de accidentes de trabajo mortales que los españoles y un 13% más de lesiones no mortales, según datos de 2005 analizados en una investigación, promovida por el Observatorio de Salud Laboral (OSL), para estudiar las condiciones de trabajo de los inmigrantes y que se está llevando a cabo en Madrid, Barcelona, Valencia, Huelva y Alicante.
Según la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, realizada en 2007 por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los trabajadores extranjeros ocupan los puestos de trabajo más penosos, peligrosos y duros del mercado laboral español, además están menos protegidos contra los riesgos, entre otras razones por que acceden en menor medida que los españoles a los beneficios de la información y formación en prevención de riesgos laborales. Además, el hecho de tener contratos más precarios así como estar expuestos a otros aspectos nocivos de sus condiciones de trabajo (como la mayor duración de la jornada) les sitúan en una posición de desventaja frente a los riesgos.
Un trabajador extranjero de la hostelería, víctima de un accidente de trabajo, relata claramente su experiencia de desprotección: “el apoyo que recibí de mi jefe fue muy malo, te lo digo sinceramente, yo me corté media falange y él prácticamente fue y me dejó en el hospital y si preguntan alguna cosa, no vayas a decir por ningún motivo que fue dentro del negocio.”
El proceso de inmigración, por otra parte, determina una urgencia mayor de recursos (envío de remesas a países de origen, supervivencia en un país nuevo), así como alcanzar los requisitos de legalidad exigibles mediante el mantenimientos de sucesivos contratos de trabajo y afiliación a la seguridad social, exigencias que sitúan a los trabajadores inmigrantes en una posición de vulnerabilidad frente a las decisiones del empresario relativas a sus condiciones de trabajo. Así se expresa un trabajador ecuatoriano: “creo que como norma los trabajadores deberíamos de exigir un derecho, no?… de equipos, de seguridad. Lo que pasa es que a veces por temor a que nos echen o no nos den trabajo, o sea…”.
Según los datos analizados, Navarra y Aragón son los territorios donde los trabajadores extranjeros sufren un mayor un riesgo diferencial de accidente de trabajo en comparación con los autóctonos (79% y 76% más de riesgo respectivamente). En el polo opuesto se encuentran Andalucía, Baleares, Canarias y la Comunitat Valenciana.
Desde una óptica sectorial, los datos muestran un mayor riesgo de accidentes no mortales para los trabajadores extranjeros en diferentes industrias (especialmente químicas y metal) y en el área de los Servicios Sociales.
Si hablamos de accidentes mortales, no hay ninguna comunidad autónoma ni ningún sector de actividad en los que el riesgo de accidentes mortales sea inferior para extranjeros. Territorialmente es de nuevo Aragón, en este caso acompañada de Asturias, quienes presentan los riesgos más elevados: 4,85 y 4,26 veces más accidentes mortales entre inmigrantes que entre españoles respectivamente.
Es realmente chocante que en sectores que contratan gran cantidad de mano de obra extranjera, como construcción, agricultura, comercio y hostelería, sean los trabajadores autóctonos los que tienen más riesgo de sufrir un accidente. El hecho de que estos sectores, receptores de inmigrantes, se muestren como los más “protectores” frente al riesgo, induce a barajar la existencia de una insuficiente declaración de accidentes de trabajo que afectaría de manera más acusada a los trabajadores inmigrantes. De hecho, en las publicaciones científicas revisadas, hemos encontrado que los problemas de infradeclaración ocurren más en pequeñas empresas, en empresas sin presencia sindical y en trabajadores inmigrantes.
Esta idea se ve reforzada por la opinión de los propios trabajadores. La VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, detecta una mayor percepción de riesgo de lesionarse en el trabajo en trabajadores extranjeros, sobre todo en el sector de la construcción. Además, la frecuencia de estar en situación de baja laboral en el momento de la encuesta por haber tenido una lesión en el trabajo, ha sido mayor en los encuestados inmigrantes que entre los españoles.
La ausencia de declaración del accidente de trabajo determina una menor cobertura de la incapacidad temporal, nula en el caso de los trabajadores irregulares, desviando los costes hacia la sanidad pública. Las posibles secuelas permanentes tampoco estarán protegidas. Un menor acceso a los beneficios de los sistemas públicos de protección social constituye un elemento central de la precariedad.
En el caso de los trabajadores del régimen especial del servicio doméstico, donde la mayoría son mujeres extranjeras, la falta de protección de la seguridad social en el caso de accidentes de trabajo es absoluta. En estos casos, los accidentes no pueden ni ser notificados. Muchos extranjeros que trabajan en la economía irregular tampoco se benefician de las ventajas del sistema.
Revista Por Experiencia, ISTAS – María José López Jacob, Aitana Garí
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