El Congreso de los Diputados estudiará el próximo martes dos proposiciones de ley del PSOE e Izquierda Unida encaminadas a tipificar y castigar el acoso moral en el trabajo. Llega así al Parlamento la preocupación por un fenómeno que ya ha sido objeto de sentencias judiciales y que afecta al 16% de la población activa española.
El acoso moral en el trabajo (“mobbing’ en la terminología anglosajona) se define como el ejercicio de una violencia psicológica sobre un trabajador, de una forma continua y sistemática y con el objetivo común de que abandone su puesto.
Las manifestaciones más habituales de ese acoso son la humillación pública, la asignación de tareas de nivel muy inferior a la cualificación de la víctima, la adjudicación de una carga de trabajo de imposible realización, la difusión de rumores negativos sobre su persona o el aislamiento físico y social.
Las proposiciones que estudiará el Congreso el martes plantean modificaciones legales encaminadas a definir jurídicamente el acoso moral en el trabajo, de manera que pueda ser perseguido, tanto en el ámbito de las empresas privadas como en las administraciones públicas. Incluso, el PSOE plantea su tipificación como delito, lo que requeriría cambiar el Código Penal.
El acoso moral, pese a que como reconocen empresarios y sindicatos, ha existido siempre, es objeto de atención preferente desde hace apenas un par de años. Sin embargo, su definición legal tiene ya una larga tradición en algunos países. En Suecia hay estudios que concluyen que es la causa del 15% de los suicidios.
En el caso español, no hay datos tan concluyentes. El “Barómetro Cisneros’, elaborado por el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares Iñaki Piñuel, apunta que uno de cada tres trabajadores en activo manifiesta haber sido víctima de acoso moral en algún momento, y algo más de 2,4 millones de personas están convencidas de sufrirlo.
El profesor Piñuel explica que el “mobbing’ se caracteriza por más de 40 comportamientos negativos. El hostigador suele ser una persona mediocre que por tanto persigue a quienes pueden hacerle sombra, “es un asesino en serie que en su vida profesional ha dejado a varios compañeros en el camino’, afirma.
Su perfil, dice Piñuel, responde al de un “psicópata organizacional’ que emplea técnicas de ataque sutiles, manipula el entorno para conseguir aliados entre los compañeros de trabajo o su silencio ante esa situación, intenta “trepar’ rápidamente para desde esa posición ejercitar mejor su acoso y se ha visto que muchos de ellos ya eran hostigadores en el colegio.
A diferencia de los empresarios, las centrales creen que la competitividad exacerbada, la mala organización del trabajo y la escasa democratización de las relaciones laborales crean el caldo de cultivo para la aparición del acoso. Aún más, a juicio de los responsables de CC.OO. “se trata de un problema que no se puede contemplar separado de los riesgos y la salud laborales’.
Sindicatos y empresarios reconocen la existencia de acoso en la doble faceta de la que hablan los especialistas: vertical, cuando lo ejerce algún superior jerárquico, y horizontal, cuando son los propios compañeros de la víctima quienes lo llevan a cabo.
Eliminar a un competidor
Y aunque desde perspectivas diferentes, coinciden en que el empresario y los directivos tienen responsabilidad también en el segundo tipo, porque deben estar vigilantes para que un trabajador no pueda ser acosado por sus compañeros. La experiencia demuestra que con frecuencia el empleado más brillante o el más eficaz son desplazados por sus compañeros para eliminar a un competidor en la carrera profesional.
Unos y otros son también escépticos sobre los resultados de una modificación legislativa. Más bien parecen partidarios de una mayor cultura de la salud en las empresas y de una concienciación de los directivos sobre los efectos negativos de estas prácticas.
Efectos que no se limitan sólo al mal ambiente laboral que se genera o a la mala imagen que da la empresa. También hay consecuencias económicas si se produce una demanda y el juez estima que se ha dado acoso: desde los complementos de pensiones a los que deberán hacer frente las organizaciones hasta el pago de indemnizaciones.
Por ello, con independencia de que se establezcan sanciones para ciertos comportamientos, patronales y sindicatos confían más en la prevención. Abogados de Landwell-Price Waterhouse Coopers lo explican con claridad: Las medidas preventivas evitarán daños económicos, ahorrarán costes sociales por las bajas, mejorarán las relaciones en la empresa y mejorarán la productividad.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
Compartir este contenido
También podría gustarte
Sevilla – Rivas considera que ha habido demasiada alarma en los últimos días en relación a los siniestros laborales
Unos 250 buques gallegos iniciarán en 2009 la adecuación de sus equipos de trabajo a la legislación vigente
