El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de CiU y del PNV, la proposición de ley de subcontratación en el sector de construcción dirigida a frenar la elevada siniestralidad laboral y la competencia desleal que sufre.
Los grupos parlamentarios han votado hoy, en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso, a favor de la inclusión de cuatro enmiendas transaccionales propuestas por el PP, PSOE y ERC en el texto definitivo de la ley, que será remitido al Senado.
Según el Grupo Socialista (GS), la intencionalidad de la nueva ley es mejorar el sector de construcción, que tiene dificultades por su caótica composición empresarial, situación que la propia dinámica del mercado no sólo no ha resuelto, sino que la ha acentuado aún más.
El GS reconoció que la ley ha llevado un largo proceso de 18 meses desde el texto inicial de IU modificado por los socialistas por ser demasiado rígido, pero no ha sido porque el proyecto se haya dormido en los cajones de ningún grupo parlamentario, sino por tratarse de una ley compleja y que ha levantado grandes expectativas no sólo en el sector de construcción.
Los socialistas explicaron que la construcción es el sector más desregulado en todos los sentidos del país, ya que emplea a casi 2,5 millones de personas, de las que 500.000 son autónomos, y cuenta con 245.000 empresas, de las que sólo 45 superan los 500 trabajadores.
Pese a las críticas de CiU, que tachó el texto de intervencionista y rígido, y del PNV, que defendió un marco territorial de la negociación colectiva frente a un convenio sectorial de ámbito estatal, el consenso del resto de los grupos parlamentarios nos da consistencia a la hora de defender la ley y un mensaje de tranquilidad al sector, señaló el grupo socialista.
Entre la reglamentación que introduce la nueva ley destaca el límite que se pone a los niveles de subcontratación, que se reducen a tres más un cuarto de fuerza mayor, y el registro de las empresas que quieran hacer la subcontratación.
Asimismo se regula la situación de los autónomos, en el sentido de que no pueden subcontratar y si lo hacen se convierten en empresas, mientras que para estas últimas se establece un porcentaje de plantilla fija de al menos el 30%.
La ley hace referencia también a la formación y cualificación que es obligatoria, y todos los trabajadores contratados en una obra, aunque procedentes de otros sectores, deberán haber realizado cursos de prevención de riesgos laborales y estar en posesión de un documento que lo acredite.
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