La CEOE considera necesario definir criterios objetivos y homogéneos de colaboración y ejecución de todas las Administraciones Públicas con competencias en materia de prevención de riesgos laborales, “de tal manera que cada una de ellas no exija a las empresas o a los servicios de prevención requisitos superpuestos, duplicados o incluso contradictorios, como ahora está ocurriendo”.
Según señala CEOE en un boletín interno, recogido por Europa Press, la política de seguridad y salud laboral debe tener rango de “prioridad política para el conjunto del Estado”.
Uno de los problemás más importantes de la normativa de prevención de riesgos laborales se centra, en opinión de la patronal, en la determinación de la responsabilidad empresarial derivada del amplio abanico de obligaciones que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales impone en la materia.
A su juicio, la reforma de la “Ley de Salud Laboral” aprobada a finales de 2003 no desarrolló el tratamiento más adecuado en materia de responsabilidades, habiendo optado por reforzar las sanciones sobre el empresario, lo que introduce, además, elementos adicionales de inseguridad jurídica, al otorgar presunción de certeza a las actuaciones de técnicos de los gabinetes de las comunidades autónomas, en un marco equiparado al sancionador de la Inspección de Trabajo.
“Se ha configurado un deber de protección del empresario incondicionado y prácticamente ilimitado, de forma que se protege incluso las faltas de atención del trabajador o la imprudencia no temeraria”, señala.
Para la confederación empresarial, el empresario se convierte en garante de resultados en seguridad y salud laboral, pero subraya que “no debe ser siempre así” ya que es preciso tener en cuenta también el papel preventivo de los demás sujetos que intervienen en la relación laboral, desde los propios trabajadores hasta los servicios de prevención.
Por ello, considera fundamental la concienciación conjunta para promover una adecuada cultura de la prevención de riesgos laborales como tarea de todos, y añade que el diálogo social debe ser la herramienta para avanzar en la consecución del objetivo de reducir la siniestralidad laboral.
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