Las víctimas mortales del trágico accidente laboral ocurrido en Burgos el pasado jueves se han situado ya en un total de diez con el fallecimiento de otros dos trabajadores que se encontraban en estado crítico en el hospital General Yagüe. Se trata del burgalés José Luis López Garachana, de 48 años de edad y Ethmane Ould Ely, de 34 años, natural de Mauritania. En el hospital de la capital burgalesa continúan ingresados otros dos empleados de la empresa Arranz Acinas.
Mientras tanto continúa la investigación de los hechos ocurridos a primera hora del jueves en un local que la empresa constructora utilizaba como almacén de maquinaria y vestuario de la cuadrilla que trabajaba en la ampliación del carril bici de la ciudad por encargo del Ayuntamiento de Burgos. Por esta razón, desde Izquierda Unida y el sindicato UGT se apuntó ayer una posible responsabilidad municipal en el suceso.
Por su parte el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Gregorio Segurado, presentará hoy públicamente al fiscal especial que ha designado para realizar la investigación del accidente laboral que costó la vida a diez trabajadores. Fuentes de la Fiscalía precisaron que, al margen de que puedan personarse en el proceso judicial abierto acusaciones particulares, a esta institución le corresponde el mayor protagonismo en la investigación, pidiendo diligencias y responsabilidades y las inculpaciones a que haya lugar. El caso se instruye en el Juzgado número dos, cuyo titular decretó el secreto del sumario.
Sobre las posibles responsabilidades, el vicepresidente segundo de la Junta, Tomás Villanueva, pidió ayer que se deje trabajar a los equipos técnicos que en estos momentos están investigando las causas del incendio registrado el pasado jueves en un local de la capital burgalesa.
Villanueva, que garantizó que se está trabajando en la investigación para esclarecer las causas que provocaron este «gravísimo» accidente, insistió en que lo mejor que se puede hacer en estos momentos es dejar que las personas, los equipos y los técnicos investigadores realicen su trabajo para averiguar lo que ocurrió. «Está en el trámite de investigación y nosotros hasta que esté culminado vamos a mantener una actitud de respeto y de reserva absoluta», comentó el también consejero de Economía y Empleo, que aseguró que el Gobierno regional dará la información de la que dispone cuando la autoridad judicial los permita, si bien reconoció que en estos momentos todavía no hay informes definitivos.
En este punto, precisó además que es a la autoridad judicial, el organismo que está interviniendo en estos momentos, a la que le corresponde promover todas las iniciativas de investigación que crea que son necesarias para esclarecer estos hechos.
En última instancia, el responsable de Economía y Empleo del Gobierno regional indicó que no duda de la «buena fe» del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que en sus declaraciones acerca del accidente laboral de Burgos daba por hecho que la empresa Arranz Acinas incumplía la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Por último, los sindicatos UGT y CCOO solicitaron ayer a la Junta de Castilla y León la creación de una comisión de investigación sobre el accidente laboral del pasado día 13 ocurrido en Burgos. El secretario provincial de la UGT, Julián Juez, explicó que la comisión se pretende que la integren los sindicatos, la empresa afectada, la Administración regional y representantes de la patronal. Juez señaló que han presentado en el registro de la delegación de la Junta en Burgos un escrito con esta solicitud. El objetivo, según añadió Juez, es conocer lo que ocurrió con el objetivo de adoptar las medidas pertinentes para que un suceso tan grave no vuelva a ocurrir.
El secretario provincial de UGT indicó que una vez finalizada la investigación cada uno de los integrantes de la comisión deberá hacer lo que considere que proceda. Para el secretario provincial de CCOO, Fidel Velasco, la creación de esta comisión es imprescindible para profundizar en las causas de este suceso.
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