La Comisión Europea (CE) envió hoy a España la última adr al Tribunal de Justicia de la UE, por no trasponer correctamente el Derecho Comunitario sobre lucha contra grandes accidentes industriales que impliquen sustancias peligrosas.
Bruselas estima que la ley española “no protege suficientemente al público y al Medio Ambiente”. “No cumple totalmente las exigencias de la directiva relativas a los planes de urgencia, gestión del territorio, información al público e inspecciones”, añade en un comunicado.
En el caso de que la respuesta del Gobierno español al dictamen motivado enviado hoy no satisfaga a la institución europea, el Ejecutivo comunitario podría llevar a España al Tribunal de Luxemburgo. La normativa en cuestión se denomina Directiva Seveso II y trata de evitar o minimizar las consecuencias de accidentes industriales de gran magnitud gracias a toda una serie de medidas preventivas.
Así, impone obligaciones estrictas para las empresas que almacenan sustancias peligrosas y prevé que las instituciones públicas sean informadas de estas actividades. Igualmente, establece una política de prevención sobre planes de seguridad y de urgencia en caso de accidente, junto con las exigencias previas a la habilitación de una zona para este uso.
La fecha límite para la adopción y notificación a la Comisión Europea deebrero de 1999. En opinión de la CE, la legislación española “no satisface en varios aspectos las exigencias de la directiva”.
España sufrió uno de los accidentes industriales más graves de los últimos años en la Unión Europea con la rotura de la balsa de las minas de Aznalcollar, propiedad de la empresa sueca Boliden-Apirsa, lo que provocó el vertido de millones de metros cúbicos de lodos y aguas tóxicas al río Guadiamar, afectando al parque nacional de Doñana y al estuario del Guadalquivir.
Las consecuencias ecológicas del vertido tóxico, en opinión de la organización Ecologistas en Acción, fueron de unas dimensiones nunca conocidas en Europa con 80 kilómetros de cauces afectados, 4.600 hectáreas de nueve municipios envenenadas y caladeros cerrados por la contaminación de cadmio, cinc, cobre y arsénico.
A ello se unieron siete millones metros cúbicos de lodos retirados, 30 toneladas de animales muertos, acuíferos altamente contaminados, una altísima concentración de metales pesados en aves acuáticas y el fin de 5.000 puestos de trabajo en la empresa.
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