Un joven peón ha denunciado a la empresa en la que trabajaba por la falta de las medidas mínimas de seguridad establecidas en el momento en el que sufrió la amputación traumática del brazo y la mano derechos al intentar sacar una piedra que obstruía el giro de una cinta transportadora.
En su denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el joven J.T.L., residente en Lora del Río (Sevilla), dice que el consejero delegado y el segundo jefe de fábrica de la empresa Utillajes Andaluces 20.000 S.L., así como otros posibles responsables o encubridores, pudieran haber incurrido en un delito contra los derechos de los trabajadores y en otro de lesiones.
Los hechos se remontan al día de Nochevieja del año 2001, momento en el que la empresa “no cumplía con la normativa sobre prevención de riesgos laborales vigente, no contando con plan de prevención alguno ni teniendo la cinta trasnportadora las debidas protecciones y sistemas de parada automátiva, ni tan siquiera un botón de parada”, según denuncia el trabajador lesionado.
El juzgado de Instrucción número 2 de la localidad sevillana investiga ahora las diligencias penales abiertas contra la empresa, que debe hacer frente a una sanción de 6.010 euros que le impuso la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta por la falta de medidas de seguridad.
Así, la Inspección de Trabajo levantó un acta en la que citaba, como causas del accidente, “la realización de la operación sin haber parado la máquina, la falta de protección del rodillo por el lado por el que el trabajador introdujo la mano, así como la categoría del accidentado –peón–, sin que apareciese ningún técnico responsable”.
La sanción económica ha sido recurrida por el abogado que defiende los intereses de la empresa, José Ignacio Bidón, quien resaltó a Europa Press que esta sanción económica ha sido suspendida provisionalmente ya que existe una investigación penal paralela, actualmente en fase instructora y en la que las partes están prestando declaración.
En este sentido, dijo acerca de la denuncia interpuesta por el trabajador que la empresa defiende la tesis de su “no responsabilidad penal” en relación con el accidente sufrido por éste, que, a su juicio, “debe conocer” la jurisdicción contencioso-administrativa.
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