A partir del 1 de mayo, los funcionarios catalanes con hijos menores de un año podrán reducir en una tercera parte su jornada laboral sin que ello les suponga ningún recorte salarial. Así lo estipula la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral aprobada por unanimidad ayer en el Parlament, que también permitirá reducir la jornada cobrando el 80% del salario a quienes tengan un familiar discapacitado o un anciano con invalidez a su cargo. La consejera de Gobernación, Núria de Gispert, espera que la medida también sensibilice a las empresas privadas.
Los destinatarios de la nueva Ley de Conciliación Familiar son los 205.000 funcionarios de la Administración local, la autonómica y las diputaciones provinciales catalanas. Aplicarla significará un desembolso económico suplementario de más de 20 millones de euros (3.328 millones de pesetas) anuales, que serán sufragados por la Seguridad Social a través de las diferentes administraciones implicadas.
Actualmente, los funcionarios ya podían solicitar la reducción de un tercio de jornada o de media jornada cobrando el 80% y el 66% respectivamente. Ahora se estimulará la reducción de un tercio de la jornada laboral al mantener la totalidad del salario durante el primer año de vida de cada hijo. Ello supondrá que, tras las 16 semanas de baja por maternidad que ya son habituales, los funcionarios que lo deseen -hombres y mujeres- podrán pedir otras 38 semanas de reducción de jornada sin ninguna reducción salarial.
También podrán acogerse a la medida los padres adoptivos. Asimismo, el proyecto amplía el permiso en casos de nacimiento de un hijo o de adopción a cinco días, y permite a las funcionarias ausentarse de su puesto de trabajo una hora diaria por lactancia mientras su hijo o hija tenga menos de nueve meses.
Pero la ley no sólo beneficia a los padres de recién nacidos. Todos los funcionarios que tengan a su cargo personas discapacitadas o con grandes dependencias podrán pedir una reducción de un tercio de la jornada cobrando el 80% de su salario durante un año. Si prefieren reducir la jornada a la mitad pasarán a cobrar el 66%. Este aspecto de la ley se incluyó en la misma tras las peticiones de los tres grupos de izquierdas en el Parlament de Catalunya, que presentaron alegaciones para que las personas con ancianos a su cargo pudieran reducir la jornada. De momento, la ley sólo beneficiará a familias con ancianos que tengan grandes dependencias.
La consejera de Gobernación, Núria de Gispert, se felicitó por la aprobación de una ley que, a su juicio, debería ser el primer paso para sensibilizar a las empresas privadas y acabar beneficiando a toda la población en un futuro próximo. Precisamente, CC OO y UGT criticaron que esta ley sólo vaya dirigida a los trabajadores de las administraciones y no a todos los catalanes. Estos sindicatos se quejaron además de la vocación natalista del nuevo texto legal en lugar de potenciar una auténtica conciliación de la vida familiar y la laboral y una mayor presencia de las mujeres en los ámbitos de decisión. También criticaron que los trabajadores laborales -no funcionarios- de las administraciones no puedan acogerse a la ley si ello no consta en su convenio colectivo.
Josep Maria Rañé (PSC) reprochó al Gobierno catalán que la reducción de la jornada sea parcial y que no se haya discutido con las administraciones locales, a cuyos funcionarios afecta. Por su parte, los diputados Dolors Nadal (PP) y Ernest Benach (ERC) criticaron al Ejecutivo catalán por su falta de ambición en las medidas previstas en la ley.
Dolors Comas (ICV) dijo que falta universalizar el derecho e impulsar un permiso de paternidad independiente al de las madres. El año pasado sólo 50 funcionarios pidieron un permiso de paternidad frente a 1.231 funcionarias que lo hicieron por maternidad. Por ello, Comas echa en falta una auténtica campaña de sensibilización para que los hombres puedan pedir este permiso si así lo desean.
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