El secretario regional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonino Delgado, explicó que la Gerencia es una “gran empresa» con 35.000 trabajadores a su cargo y, tal y como ya ha dicho en ocasiones la Junta, hay que tener “tolerancia cero” en la prevención de riesgos.
Delgado recordó que este mismo año se ha firmado un pacto para evitar las agresiones en la salud pública, y la Administración lo único que ha hecho ha sido poner un abogado o un psicólogo una vez que la agresión ya se ha producido.
Por ello, considera que no se han tomado las medidas que eviten los daños, por lo que, en el escrito presentado ante la Fiscalía, se solicita que se admita la denuncia y se inicie el procedimiento para depurar las responsabilidades penales oportunas en la Gerencia que, como empresa, tiene la obligación por Ley de garantizar la prevención de riesgos laborales.
Delgado indicó que cuando un paciente o un familiar lleva mucho tiempo esperando es “lógico” que pueda perder los papeles y, en caso de agresión, está tipificado como delito.
Por su parte, Sacyl aseguró que se han cumplido la mayoría de las medidas del Pacto contra las agresiones a los sanitarios.
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