La Generalitat de Cataluña ha impuesto 444 sanciones desde enero a julio de este año a aquellas personas que habían contratado a extranjeros en situación irregular para que trabajaran en sus negocios.
En una pregunta parlamentaria formulada por ERC, el conseller de Trabajo, Lluís Franco, especifica que un tercio de estas sanciones se impusieron gracias a que alguien había denunciado esta práctica ilegal, lo que permitió la intervención de la Administración y sus resoluciones.
El resto corresponde a las actuaciones de oficio que practica la Inspección de Trabajo, que se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa laboral.
El nuevo Código Penal señala que aquéllos extranjeros sin documentación que denuncien a grupos organizaciones que favorezcan el tráfico ilegal de trabajadores obtendrán como recompensa la regularización de su situación.
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