El refrán en casa de herrero cuchillo de palo se ha convertido en una política habitual dentro de los centros de la Administración pública del Estado ubicados en la Comunidad canaria, como muestra el que estas instituciones exijan a las empresas privadas el cumplimiento estricto de la Ley de Riesgos Laborales de 31/1995, mientras desobedecen estas reglas en su casa.
La Junta de Personal de la Administración del Estado en Las Palmas, integrada en bloque por los sindicatos de CC OO, UGT, CSI-CSIF, ACAI e Intersindical Canaria, ha denunciado este mes a todos los centros de la Administración periférica del Estado ubicados en la capital grancanaria por incumplir la evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo en sus centros y, principalmente, por no constituir los Servicios de Prevención.
Según informó el presidente de la Junta y representante de CC OO, Javier Betancor Mateos, los departamentos de la Administración periférica sólo han creado los comités de Seguridad y Salud, pero no funcionan porque necesitan estar asesorados por los Servicios de Prevención, que son inexistentes. El centro de trabajo de la Jefatura Superior de Policía, conocido por la Supercomisaría, es una de las sedes también denunciadas por incumplir la Ley.
En concreto, las Administraciones del Estado que incumplen la Ley de Riesgos Laborales son la Delegación de Gobierno, la Seguridad Social perteneciente al Ministerio de Trabajo, ambas integradas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General y el Instituto Social de la Marina; los departamentos del Ministerio de Administraciones Públicas (Sanidad Exterior, Hacienda, Inspección de Trabajo, Centro Metereológico y los pocos efectivos, tras transferir las competencias a la Comunidad canaria, de Agricultura, Pesca y Alimentación); el Ministerio de Interior (concentra el cuerpo administrativo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil); Defensa; y los establecimientos penitenciarios.
El reglamento de los Servicios de Prevención obliga a las empresas de más de 500 trabajadores a accionar medidas en materia de prevención de riesgos. Así, también imponen a las empresas que tengan entre 250 y 500 trabajadores el cumplimiento del reglamento si están vinculadas a actividades de alta siniestralidad como la construcción.
Ninguna Administración del Estado en la capital, ni en toda Canarias, que contabilizan juntas más de 500 empleados, cumple esta Ley.
El caso más paradógico afecta a la Inspección de Trabajo. Los inspectores someten a un rígido cumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales a las empresas canarias, bajo la amenaza de sanciones entre 50.000 y un millón de pesetas, pero ni ellos cumplen el reglamento. Es más, los inspectores han levantado acta por incumplimiento de la Ley contra la misma Inspección de Trabajo, apuntó el presidente de la Junta de Personal, Javier Betancor, quien agregó que ya les notificó que tampoco su departamento cumple la Ley.
No obstante, la legislación impide facturar multas a la Administración, ya que se pagaría con los fondos públicos. El problema persistirá hasta que existan recursos y voluntad política para poder cambiarlo.
Los miembros de la Junta de Personal comunicaron a la subdelegada del Gobierno Central en Canarias, Natalia López Curbelo, la presunta ilegalidad y las denuncias interpuestas, entre el 3 y 12 de septiembre, contra los centros. Según indicó Betancor, la subdelegada argumentó la falta de personal para poner en marcha los servicios y agregó que se intenta activar mediante un coste cero, supliendo los servicios con los propios empleados de la Administración.
La Provincia - Diario de las Palmas
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