El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Caldera, aseguró ayer, en el Congreso de los Diputados, que el accidente de trabajo que se produjo el pasado día 13 de Enero en Burgos, en el que fallecieron diez personas, se produjo por una «cadena de fallos» en la aplicación de la norma sobre prevención de riesgos laborales. En este sentido, reconoció que el accidente puede ser considerado como uno de los más graves en los últimos años y advirtió que las responsabilidades penales y administrativas en su caso se están dirimiendo.
Según la investigación, el local venía siendo utilizado por los trabajadores para cambiarse de ropa, para comer, a veces y, también se utilizaba como almacén donde guardar maquinaria y al menos esa mañana se manipulaba gasolina. Dicho local no estaba contemplado en el plan de seguridad de la obra ni como vestuario ni como almacén ni como lugar donde pudieran manipularse sustancias peligrosas como la gasolina.
El servicio de prevención ajeno, correspondiente a la empresa Fremap, contratado específicamente para realizar 20 visitas a esta obra, también lo desconocía.
El plan de seguridad recoge un presupuesto en formación y reuniones de seguridad de 2.027 euros, pero no consta su aplicación. La empresa a través de Fremap había dado sólo una charla de una hora de formación a algunos de sus trabajadores, en la que sólo dos de los afectados en el accidente habían estado presentes.
Según Caldera, la coordinación de seguridad contratada por el Ayuntamiento no comprobó dónde se cambiaban los trabajadores, ni dónde se almacenaban o manipulaban las sustancias peligrosas, ni tampoco donde se guardaba la maquinaria de obra, ni la disposición de extintores en el local del siniestro.
«Es obvio –continuó- que ha fallado la prevención propia por parte de la empresa, materializada en el plan de seguridad y en el servicio de prevención propio. Ha fallado el servicio de prevención ajeno. Ha fallado la prevención responsabilidad del promotor materializada en la coordinación de seguridad a través de la empresa contratada al efecto. Ha fallado la auditoría en materia de prevención. Y ha fallado la formación a los trabajadores», afirmó Caldera.
En este sentido, dijo que las actuaciones investigadoras de la inspección, cuyo desarrollo está bastante avanzado, próximo a concluir, permitirán determinar finalmente la exigencia de responsabilidades administrativas, pero del estado de esas investigaciones avanzó que existen «constatadas transgresiones de la normativa de seguridad», tanto por parte de la empresa como por parte del constructor, que darán lugar a sus correspondientes actas de infracción y recargo de prestaciones para los beneficiarios a cargo de los responsables.
Finalmente, aseguró que estas infracciones se encuentran entre las más graves . «El accidente de Burgos debe servir para que todos llamemos la atención sobre la importancia de que se desarrollen y apliquen eficazmente las medidas preventivas establecidas en las normas», concluyó.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
