El juicio que determinará si las empresas y el coordinador del Plan de Prevención tienen alguna responsabilidad en el accidente que sufrió el un obrero en julio de 2002 concluirá el próximo lunes en el Juzgado Penal nº1 de Maó.
«El encargado me dio los planos. Me subí a replantear y, de pronto, la tabla se hundió. Se partió». Así es cómo relata el obrero de la construcción, el accidente que sufrió en la mañana del sábado 27 de julio de 2002 mientras trabajaba en una nueva edificación de la calle Borja Moll de Maó. El trabajador, que entonces tenía 34 años, casado y con dos hijos, estaba contratado por la empresa García Maneiro, a su vez contratada por Torrent Coll S.L. Cayó al suelo desde una altura de cuatro metros y sufrió la rotura de una pierna, múltiples fracturas, más de cincuenta días de hospitalización, más de quinientos de baja impeditiva y la incapacidad permanente total para su trabajo.
En el juicio sólo habrá testigos por parte de la empresa. Morales sostiene que algunos de sus compañeros han recibido presiones para no declarar: «Acabo de hablar con un compañero que estaba a dos metros de mí cuando me caí y me ha dicho que lo siente, que él sabe lo que pasó en realidad pero que no puede decirlo».
Según explica el lesionado, «no había ninguna medida de seguridad y el inspector de trabajo apareció en el lugar del accidente cuatro meses después, cuando la obra ya habría cambiado por completo». A pesar de los cuatro meses de retraso en la comprobación de las características del terreno y según ha podido saber este periódico, el inspector ha afirmado en el juicio que los puntales de la obra «eran pocos y estaban mal colocados». El pasado miércoles se desarrolló la mitad del juicio con la parte testifical, que incluyó una videoconferencia con dicho inspector de trabajo. El lunes está previsto que el caso quede visto para sentencia después de escuchar al resto de los testigos y las conclusiones de todos los abogados.
Las dos partes denunciadas, junto con el coordinador del Plan de Prevención, que es el tercer denunciado, no han querido hacer declaraciones hasta que no finalice el juicio «para no interferir en la decisión final». Su postura, siempre según la acusación, se basa en que «el lesionado actúo con imprudencia al subir a la tarima, que no estaba aún terminada y hacen responsable al trabajador”. El obrero, por su parte, solicita dos años y medio de prisión para los responsables y una indemnización en torno a los 280.000 euros.
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