Hay teorías que hablan de que en etapas de crisis económicas suele existir una tendencia de reducción del absentismo laboral. No solo en el ámbito privado sino también en lo público. La serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se remonta a 2005, recogió que en el tercer trimestre del año pasado los empleados públicos se habían situado, por primera vez, por debajo de los trabajadores de empresas privadas en bajas laborales. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el 1,75% del personal de la función pública no acudió a su trabajo, frente al 1,76% del sector privado. Era una sola centésima pero suponía un cambio de tendencia al caer a mínimos porque cinco años antes la diferencia era de 1,4 puntos.
La recesión puede estar detrás de esta situación pero también la nueva normativa que endurece las condiciones en las bajas laborales. El Real Decreto-ley 20/2012 sobre estabilidad presupuestaria modificó la prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las administraciones públicas. Su aplicación, desde el pasado 15 de octubre, contempla que durante los tres primeros días de una contingencia común, este personal recibe solo el 50% de las retribuciones sociales, del cuarto al décimo noveno esa cobertura se eleva hasta el 75% y del vigésimo día hacia adelante esa cobertura llega hasta el 100%.
La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat) publicó en marzo un estudio sobre el absentismo que precisa que la incidencia por contingencia común en diciembre fue mayor en el sector privado (14,8) que en el público (14,2).
En cuanto a las administraciones en la provincia de Burgos, aún no es posible contar con datos de tanto detalle pero es visible que las bajas entre el personal público han descendido a lo largo de 2012, en comparación con el ejercicio anterior. El número de días perdidos por enfermedad común (los más habituales) y accidente no laboral entre los empleados del Ayuntamiento de la capital ha pasado de las 15.800 jornadas en 2010 a las 10.400 del año pasado. Es un descenso del 34% y que deja bien claro la reducción del absentismo laboral entre el millar de trabajadores municipales que están controlados por la mutua.
Esto tiene su reflejo en la media de las jornadas perdidas por cada trabajador, que ha pasado de 12,4 días en 2010 a los 9,5 de 2012. El índice de incidencia en ese mismo periodo bajó del 40 al 30 pero también hubo un descenso en la duración media de los procesos porque varió de los 30 a los 26 días.
Hay una cosa que no cambia y, curiosamente, los lunes (con bastante diferencia) y los martes son los días de la semana que acumulan más bajas laborales.
El índice de absentismo también bajó un poco entre los empleados de la Subdelegación del Gobierno en Burgos. Ha pasado del 3,74% de 2011 al 3,40% del año pasado. En 2011, hubo 13 empleados (de un total de 88) con una baja por enfermedad por encima de tres días, que sumaron 774 jornadas. En 2012, fueron once (de entre 80) con 639 jornadas. Supuso un descenso del 17%. Bien es cierto, que en ambos ejercicios están incluidos dos trabajadores con bajas de larga duración por enfermedades o accidentes graves.
La evolución de la incapacidad temporal en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos permite observar también que el absentismo laboral ha caído un 21% entre 2011 y 2012. Según datos facilitados por la Consejería de Hacienda, los empleados de la sede central de la administración regional en la capital perdieron cerca de 27.000 jornadas el año pasado, que fueron 7.400 menos que en 2011, incluyendo días de bajas, festivos y vacaciones. El descenso porcentual de bajas en Burgos es prácticamente idéntico a las delegaciones de otras provincias de la Comunidad Autónoma. Todo hace indicar que con el nuevo decreto el absentismo siga cayendo.
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