Ventanilla única, registro público del nivel de emisiones de cada industria contaminante, diez meses de plazo para obtener la autorización y la obligación de aplicar las mejores técnicas disponibles son los pilares de la ley general de medio ambiente, cuya tramitación inició ayer el Congreso. El texto, que será aprobado antes del verano, incorpora a la legislación española la directiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) con dos años de retraso. Más de 4.000 industrias han negociado los puntos y comas de este proyecto de ley que les obligará a invertir 6.000 millones de euros en reducir un 3% sus emisiones al aire, agua y suelo para 2007.
El cambio de cultura ambiental que la ley implica también va a afectar a las administraciones públicas. A cambio de arrancar a la industria el compromiso de aplicar tecnologías modernas que sean menos nocivas contra el medio ambiente, se les facilitará una ventanilla única para que todos los permisos puedan gestionarlos de una vez. Además no habrá que esperar años como sucede en algunos casos para obtener la negativa o el beneplácito de las autoridades. En diez meses se sabrá la respuesta. Si no contestan se entiende que no se autoriza. Eso significa que las comunidades autónomas (depositarias de la ventanilla única), los ayuntamientos, las Confederaciones Hidrográficas y la Administración General del Estado deberán coordinarse forzosamente. El proyecto de ley no prevé ningún mecanismo que facilite esa coordinación, como ponía de relieve el portavoz de Medio Ambiente del grupo socialista, Víctor Morlán.
Las empresas ya cuentan con el incentivo fiscal de una reducción del 10% en el impuesto de sociedades por las inversiones en tecnologías que reduzcan las emisiones. El proyecto de ley lo han hecho prácticamente ellas, a través de las asociaciones sectoriales de ámbito nacional y europeo. Las faltas muy graves estarán sancionadas con multas de hasta dos millones de euros. Sólo afectará a las nuevas empresas. Las existentes tienen de plazo hasta 2007 para adaptarse.
El Grupo Socialista, que ha presentado en el Congreso de los Diputados 32 enmiendas parciales al proyecto de ley de IPPC, propone además que se obligue al titular de una instalación industrial a tener un seguro de responsabilidad civil para cubrir los posibles daños para el medio ambiente y la seguridad o salud de las personas que puedan derivarse de su actividad. El PSOE había apoyado la enmienda de devolución del proyecto de ley que había presentado Izquierda Unida y que ayer fue rechazada por el pleno del Congreso.
Ventajas del retraso
España ha sido el último país industrial europeo en adaptar la directiva (sólo quedan por cumplir los deberes la Región Valona de Bélgica, Grecia, Luxemburgo e Irlanda del Norte por el Reino Unido). El retraso tiene la ventaja de que existen referencias sobre cómo lo han aplicado otros países o regiones (Cataluña ya se ha anticipado), pero también se corría el peligro de que los países más avanzados impusieran el estándar de la mejor tecnología disponible, que es la suya.
Los industriales españoles han conseguido que no se impusiera ninguna, de lo contrario les colocaría en una posición menos competitiva. De hecho tampoco se van a imponer valores límites de emisiones de ámbito nacional. Así se podrá dar el caso de una misma sociedad con dos plantas industriales en diferentes comunidades autónomas a las que se les exija dos niveles diferentes de emisiones límite. Esto es posible porque además de un valor mínimo de emisiones establecido por la Unión Europea y por el Estado español, cada comunidad autónoma fijará el suyo para cada sector, en función de la localización de la industria, su antigüedad y la viabilidad económica para adaptarse a la reducción de emisiones contaminantes.
Todos los centros productivos están obligados a informar de sus emisiones e inscribirse en un registro de ámbito europeo (Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes, EPER.es) que será público, como el que gestiona desde hace años la Agencia del Medio Ambiente (EPA) de Estados Unidos.
Desde 1997 en que se iniciaron las negociaciones entre los sectores afectados y los ministerios de Industria y Medio Ambiente, el punto clave ha sido el sistema a seguir para reducir las emisiones en cada una de las plantas de producción, desde los emplazamientos para gallinas ponedoras a las fábricas de coches.¿Cómo hacer? ¿Qué referencias existen sobre las mejores tecnologías disponibles? El Instituto de Prospectiva Tecnológica que la Unión Europea (http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm) tiene en Sevilla se ha encargado de elaborar 32 guías, llamadas BREFs, de las que sólo diez están terminadas.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
