Ahora, la familia, defendida por el letrado Emilio Fernández Cañal, pide para los responsables de cada una de las empresas implicadas en este accidente laboral siete años de cárcel por dos delitos, uno de homicidio imprudente y otro contra la seguridad de los trabajadores.En el juicio, que se celebrará el próximo jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, el fiscal también pide penas de cárcel para las empresas implicadas, aunque rebaja su petición con respecto a las pretensiones de la acusación particular y la deja en tres años: dos por homicidio imprudente y uno más por un delito contra la seguridad de los trabajadores.Las empresas implicadas en este hecho y que se verán ahora ante el juez son la ebanistería que estaba siendo reparada, la empresa de construcción para la que trabajaba el joven y la que había subcontratado a esta primera para hacer el trabajo de cambio de la cubierta de la nave, además del aparejador de la obra.Según explicó el letrado de la acusación particular, “la ley establece que cuando se trabaja en la construcción a más de dos metros de altura hay que colocar una red de protección, algo que en este caso no existía a pesar de que se estaba trabajando a diez metros de altura”.
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