La silicosis, una enfermedad que parecía en retroceso, está rebrotando en España debido a la falta de medidas de prevención en algunas canteras. Así lo confirman los datos del Instituto Nacional de Silicosis, centro de referencia en esta materia para todo el país. Su director, Juan José Agúndez, afirma que la tendencia de los últimos años revela un incremento de esta patología.
Las causas? Agúndez apunta algunas. El nuevo director del Instituto Nacional de Silicosis, que ha tomado posesión de su cargo recientemente, subraya que la “cultura de la prevención”, como él la llama, está perfectamente instalada en la minería del carbón. Agúndez destaca que la prevención de riesgos laborales en empresas como Hunosa, por ejemplo, ha logrado reducir de forma notable la silicosis en este tipo de explotaciones. Diferente es la situación de las canteras. Agúndez indica que, en algunos casos, debido a las empresas y, en otros, a los propios trabajadores, la prevención sigue siendo su asignatura pendiente. Algunos empleados de las canteras temen perder sus trabajos si reciben un diagnóstico de silicosis.
Sólo así se entiende que se haya roto la tendencia a la reducción en el número de nuevas declaraciones. Las canteras representan aún muy pocos casos, pero su peso sobre el total va en aumento. La evolución de la enfermedad entre el 2000 y el 2004 revela, por ejemplo, un repunte de la silicosis en el 2003. Ese año, el instituto, integrado en el Hospital Universitario Central de Asturias, confirmó 375 declaraciones. Tres años antes, en el 2000, el número de casos nuevos se situaba en 212. El director de Silicosis subraya que fue precisamente en el 2003 cuando, gracias a los casos aportados por explotaciones de canteras, se registró un incremento importante de la incidencia.
Agúndez apunta, con todo, que la mayoría de los nuevos registros proceden de trabajadores que han abandonado ya la mina. Así, durante el 2004, el instituto notificó, para todo el país, 264 casos. Pues bien, sólo 33 de ellos -un 12,50%- estaban activos en el momento de la confirmación del diagnóstico. La legalidad vigente exige que ante la detección de la enfermedad en su primer estado el trabajador sea trasladado a un área laboral que evite el contacto con el agente causal.
La mayoría de las nuevas declaraciones, de acuerdo con los datos del 2004, tuvieron origen en Castilla y León (127); Asturias (77) y Galicia (36). Regiones como Valencia, Cataluña o Madrid no registraron ni un sólo caso. Las notificaciones realizadas por el instituto provienen de los trabajadores enviados a reconocimiento por diversos organismos y de los expedientes remitidos por los equipos de valoración de incapacidades de diversas provincias españolas. Entre las instituciones que derivan trabajadores, destacan la mutualidad de la minería de Asturias, los juzgados de lo social de León, las centrales sindicales y diversas empresas del carbón, cerámica o siderurgia.
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