Las asociaciones de Inspectores de Trabajo y Seguridad anunciaron hoy su intención de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Alicante al inspector de Trabajo Alfredo Ortolá en el denominado Caso Ardystil, al tiempo que estudiarán la viabilidad jurídica de interponer demanda contra el Tribunal que dictó la sentencia, según informaron hoy en un comunicado fuentes de estas asociaciones profesionales.
La Audiencia Provincial de Alicante condenó al inspector de Trabajo Alfredo Ortolá a seis meses por un delito de imprudencia en el denominado caso Ardystil, un proceso judicial que duró alrededor de una década, y en el que se dirimieron las responsabilidades por las que trabajadores de empresas de aerografía textil de Alcoy (Alicante) contrajeron una grave enfermedad pulmonar que causó la muerte a seis de ellos.
La sección III de la Audiencia de Alicante condenó al inspector de Trabajo al considerar que se inhibió de sus competencias en materia de seguridad e higiene durante una visita a la fábrica Ardystil en septiembre de 1990, dos años antes de declararse el síndrome.
Tras esta sentencia, las asociaciones de inspectores de Trabajo y Seguridad Social celebraron una asamblea celebrada el pasado 10 de julio en Madrid, en la que acordaron una serie de medidas. Entre ellas, los representantes de las asociaciones decidieron manifestar su “apoyo más firme” a Alfredo Ortolá y la decisión de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Anomalías
Asimismo, acordaron remitir un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que se expondrán “las anomalías que se han producido en el procedimiento penal, incluida la instrucción”, al tiempo que anunciaron que estudiarán la viabilidad jurídica de interponer una demanda contra el Tribunal que dictó la sentencia, “con la finalidad de que se restablezca la seguridad jurídica esencial para la vigencia efectiva del estado de derecho”.
Estas asociaciones manifestaron en un comunicado hecho público hoy su “disconformidad con la condena de nuestro compañero Ortolá y “desde el respeto a las resoluciones judiciales” consideraron que la sentencia “se fundamenta en un inaceptable, y no previsto legalmente: el traspaso de responsabilidad del deber de seguridad del empresario a la Administración Pública, y de ahí, a un funcionario concreto, cuya relación con el caso fue puramente circunstancial”.
Así, en su escrito argumentan que las actuaciones que realizó el inspector tienen su origen en una denuncia en materia de seguridad social dos años antes de que la enfermedad se declarara, y que en este periodo no se produjo ninguna denuncia en materia de salud laboral. Por ello, sostienen que “en ningún caso el inspector actuó con inhibición de sus obligaciones”.
En este sentido, las asociaciones profesionales alegan que “la necesaria reparación a los trabajadores afectados y a sus familiares, no puede invocarse como excusa para forzar las normas jurídicas, atribuyendo a los Inspectores de Trabajo responsabilidades que van más allá de las determinadas por la normativa legal nacional e internacional”.
Chivo expiatorio
Por ello, rechazan que este funcionario “se convierta en chivo expiatorio” y que se “instrumentalice” su condena “como condición necesaria para la reparación de los afectados”. Además, advierten de que “si los criterios sostenidos por la Audiencia de Alicante son los que prevalecen, cualquier otro inspector puede verse injustamente en una situación idéntica de inseguridad jurídica y de indefensión”.
Por estos motivos, además de las medidas ya apuntadas, las asociaciones remitirán un informe a la Asociación Internacional de Inspectores de Trabajo informándoles de la situación y reclamarán al Ministerio de Trabajo que tome de manera “inmediata” medidas para “asegurar la efectiva defensa jurídica” de los Inspectores de Trabajo y la cobertura de responsabilidad civil que, desde su punto de vista, es “del todo insuficiente”.
También exigirán al ministerio que realice modificaciones normativas para la protección de su actividad, así como la apertura de negociaciones para “la inmediata sustitución del actual sistema de productividad que se nos aplica que, al primar la exigencia de niveles cuantitativos de actividad, nos coloca en una situación de mayor inseguridad jurídica”, lamentaron.
Por último, manifestaron que a finales de septiembre celebrarán de nuevo otra asamblea para examinar la situación y acordar, en el caso de que fuera necesario, “medidas de presión de más amplio alcance”, según indicaron las mismas fuentes.
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