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El Gobierno de Andorra ordenó parar de forma cautelar toda la obras hasta disponer de los informes técnicos y las auditorías que garantizaran que la zona era estable y segura.

Según ha explicado hoy el ministro de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del ejecutivo andorrano, Vicenç Alay, es “totalmente seguro” trabajar en el túnel de Dos Valires.

Alay, que ha visitado hoy la zona de las obras, ha puesto de relieve que los informes analizan “de manera exhaustiva la calidad de los trabajos” y “dejan claro” que el derrumbe de la estructura no ha afectado al resto de la construcción.

El Gobierno del Principado, aún así, ha ordenado que se establezcan puntos de control más exhaustivos en todo el proceso que falta para finalizar los trabajos. “Se harán más comprobaciones si cabe de las que ya se hacían”, ha declarado Vicenç Alay.

Por el momento se desconocen las causas del grave accidente y los motivos por los que una de las grandes plataformas que han de conectar la salida del túnel con la carretera nacional se desplomó.

El ministro tampoco ha querido referirse a las posibles hipótesis sobre la causa del derrumbe y ha recordado que el suceso está siendo investigado por las autoridades judiciales andorranas.

Sobre el punto concreto del accidente, Alay ha comentado que se espera que “en un plazo no demasiado largo” se puedan reanudar las obras.

El ministro andorrano ha avanzado que, aunque faltan las conclusiones de otros informes específicos que determinen la afectación de la estructura metálica que se vino abajo, seguramente será necesario desmontar toda la plataforma.

La parte concreta que cedió era de unos 100 metros cuadrados, y los operarios (en el momento del siniestro había 35 personas trabajando en dicha plataforma) cayeron desde unos veinte metros de altura.

El departamento de Ordenamiento Territorial mantiene que, aunque con un cierto retraso, el viaducto estará finalizado para la primavera de 2011.

Por otra parte, hoy se han difundido que la UTE adjudicataria del proyecto, formada por Dragados, Dragasa y Treballs Públics Armengol, está negociando las indemnizaciones con las familias de los fallecidos.

Según publica hoy el Diari de Andorra, que cita fuentes cercanas a la investigación del caso, la UTE está intentado llegar a acuerdos extrajudiciales con las cinco familias para poder liquidar la responsabilidad civil.

El rotativo del Principado expone que el conjunto de las indemnizaciones podría alcanzar los dos millones de euros.

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Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.

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