La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha llevado a cabo 7.434 actuaciones con el objetivo de controlar las irregularidades que se producen en las empresas. De esta cifra, en el primer trimestre del año, se produjeron 216 empresas de la región fueron sancionadas por algún tipo de irregularidad; mientras que en el segundo trimestre, el número llegó a 290. En total, tesorería ha recaudado con estas sanciones un montante de 25.258.099 euros, pues en los tres primeros meses del año la cuota fue de 17.750.931, y de abril a junio llegó a 7.507.168 euros. Esta cifra es, para el director territorial de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, José Fuentes, “mucho dinero porque nosotros nos marcamos un objetivo en líquido todos los años, que en 2008 asciende a 27 millones, y sólo en el primer semestre ya llevamos más de 25”.
La Inspección de Trabajo está desarrollando tanto actuaciones preventivas como correctoras o sancionadoras a través de requerimientos de cumplimiento de la normativa de orden social o de disposiciones relativas a la seguridad y salud de los trabajadores, entre otros.
De hecho, para este control había dispuesto para este año un total de 2.313 actuaciones, mientras que más de 4.022 actuaciones planificadas servirán para seguir luchando contra la economía sumergida. A pesar de ello, el número de controles va cada vez a más. Por ello, están realizando visitas a empresas de todos los sectores productivos, de las cuales 1.731 serán en construcción, más de 1.642 en el sector servicios, 433 en agricultura y 216 en industria.
Para llevar a cabo este control, la Inspección de Trabajo visitará empresas especializadas en cada uno de los sectores empresariales.
En la lucha contra los “timos” de las empresas, la Inspección de Trabajo puso en marcha un “Observatorio del fraude” para analizar a empresas, ya que cada vez hay mayor diferencia entre los incrementos salariales y los costes de personal.
De hecho, en esta materia, han llevado a cabo para detectar los posibles fraudes que influyan en las prestaciones de los trabajadores, tales como la invalidez y el desempleo, actuaciones en empresas de la Región de Murcia desde enero hasta junio, dando un resultado de 37 multas en las que se han recaudado más de siete millones de euros.
Estas sanciones han dejado afectados 1.465 trabajadores que prestaban su servicio en estas constructoras que no pagan el alta de estos empleados y que se dedican, según Fuentes “a cerrar empresas que tienen problemas, pero después la vuelven a abrir con otro nombre”.
El director territorial de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, José Fuentes, indicó que respecto a las inspecciones que están realizando en temas de Ley de Igualdad, “seremos inflexibles sobre todo en temas de acoso sexual”. Desde el pasado mes de enero, una inspectora se está encargado de llevar a cabo inspecciones relacionadas con la discriminación de acceso al empleo (salarios más bajos, más dificultades de promoción, etc); en asuntos de acoso sexual; en planes de igualdad; así como en que se cumplan los derechos sobre conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados.
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