La totalidad de la plantilla de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE ha expresado hoy su sorpresa, extrañeza e indignación ante la sentencia dictada en demanda por acoso laboral, presentada por A.T., “contra nuestra organización y, especialmente, contra nuestro presidente y compañero, Juan Moreno”.
Esta extrañeza e indignación vienen motivadas por cuanto en ningún momento los trabajadores “hemos constatado, apreciado o presenciado ningún tipo de acoso, humillación o maltrato psicológico o moral por parte del presidente ni de ningún otro miembro de la plantilla o de su Junta Directiva, hacia Aurora Tagua, ni en el ámbito laboral ni fuera de éste”.
Asimismo, los trabajadores manifestaron que en ningún caso se les ha requerido ninguna participación ni complicidad en un supuesto intento de aislamiento laboral hacia Aurora Tagua, “siendo que, de hecho, estamos absolutamente convencidos de que en ningún momento se ha producido”.
Es por ello que se reservan el derecho de adoptar cuantas acciones legales procedan, tanto de forma individual como colectiva, sobre cualquier manifestación pública o privada que, en tal sentido, pueda cuestionar su ética personal, laboral o profesional.
Además, expresaron una profunda tristeza al constatar que la sentencia dictada por el Juzgado de los Social de Sevilla otorga veracidad a acusaciones tan graves, “apoyándose en la apreciación subjetiva de dos personas cuya animadversión hacia nuestra organización es manifiesta, dando lugar a todo tipo de especulaciones sobre nuestra honorabilidad y, por supuesto, la de nuestro compañero y presidente, Juan Moreno”.
Ante ello, y pese al pronunciamiento judicial, que no es firme, “todos cuantos trabajamos para UCA/UCE y conocemos la realidad, podemos corroborar la falsedad de dichas acusaciones”.
En cualquier caso, los trabajadores recordaron que hace tiempo que su organización hizo suya la reivindicación de que el mobbing laboral fuera reconocido y tipificado como delito mediante una regulación específica en el Ordenamiento Jurídico español, “siendo nuestro talante progresista en la lucha de los derechos de los trabajadores fácilmente verificable en una infinidad de declaraciones públicas accesibles en muchos fondos de hemeroteca”.
Sin embargo, “otra cosa muy distinta es que podamos consentir que intereses económicos particulares se aprovechen de la receptividad que, afortunadamente, empieza a detectarse tanto en sede judicial como en la opinión pública respecto a estas nuevas conquistas en los derechos sociales”.
“Honestamente, y respetando aunque no compartiendo la decisión judicial, creemos que dar cabida a demandas no sustentadas en pruebas objetivas, sino en meros testimonios de parte interesada y apreciaciones subjetivas de personas claramente enemistadas con esta entidad, supone un flaco favor y una burla intolerable al trabajo de las personas y organizaciones que durante muchos años nos hemos esforzado en esta línea, y especialmente, para los trabajadores que realmente sufren o han sufrido tal situación”, manifestaron los trabajadores en un comunicado.
Por todo ello, dijeron que sólo pueden confiar en que las instancias judiciales superiores rectifiquen esta sentencia “en beneficio de la verdad y la justicia, dejando a salvo la dignidad de las mujeres y hombres que integran esta organización social y especialmente la de su presidente, víctima propiciatoria de los intereses personales de la demandante”.
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