El Parlamento propone aumentar el número de inspectores de trabajo.
Sandra Fernández/Sevilla
Un total de 148 trabajadores perdieron la vida en Andalucía el pasado año por accidentes laborales que en la inmensa mayoría de los casos se hubieran podido evitar. Este fue el saldo más negativo de los 140.000 siniestros que se produjeron en la Comunidad durante el pasado año y que la sitúa a la cola en seguridad laboral. Las víctimas del primer trimestre de 2001 apuntan que las cifras seguirán aumentando, como ocurre desde hace siete años.
Los fallecidos en accidentes laborales durante el pasado año superaron la media registrada por accidentes de tráfico, doblaron al número de personas que perecieron en guerras y triplicaron a las víctimas del SIDA. Tan sólo en Andalucía durante 2000 se registraron un total de 139.616 accidentes de trabajo, en los que 148 personas perdieron la vida y 2.638 resultaron heridos graves. Estas alarmantes cifras han llevado a los diputados andaluces a estudiar detalladamente la «inadmisible» situación y a resolver en un estudio algunas propuestas encaminadas a reducir la siniestralidad laboral. Un estudio que corrobora que el vacío existente en la seguridad y la salud laboral de los andaluces es responsabilidad exclusiva de sus protagonistas, empresarios y propios trabajadores, así como de las administraciones central y autonómica con competencias en la inspección laboral y en las campañas de prevención.
Paradoja
La norma que rige la seguridad laboral, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales -norma estatal promulgada en 1995- reza como una de las «más completas y modernas en la materia, no sólo de Europa sino de los países occidentales». Sin embargo, junto a esta afirmación el estudio realizado desde el Parlamento andaluz reconoce como paradoja un balance nada positivo desde la entrada en vigor de la Ley. Entre las causas apuntadas destacan las numerosas dificultades con las que tropieza la pequeña y mediana empresa para asimilar el modelo de seguridad impuesto. Otro de los motivos alegados es el alto índice de temporalidad y rotación en los puestos de trabajo. Según datos aportados por la Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción (FADECO) y por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), más del 80 por ciento de los accidentes en el sector de la construcción en Andalucía no se producen en ninguna obra empresarial, sino entre autónomos. Entre las razones barajadas como causa de la poca efectividad de una buena ley de prevención está la falta de control desde las administraciones.
La plantilla de inspectores de trabajo es insuficiente y los Centros de Seguridad e Higiene del Trabajo perviven con estructuras obsoletas. El incremento del número de inspectores se recoge como una de las propuestas del informe de la Cámara autonómica. Apuntan además la posibilidad de que la Guardia Civil y la Policía Local cuenten entre sus atribuciones la detección de situaciones flagrantes de la prevención. Entre las propuestas del estudio se señala también la implantación de la figura del delegado o asesor territorial de Prevención, como figura cercana que sea capaz de extender y vigilar las actitudes preventivas en las pequeñas empresas.
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