En abril se cumplieron cinco años de la aparición de los síntomas de la enfermedad en el cuerpo de José María de Hita, un ilicitano que, al haberse quedado en el paro, ayudaba a su mujer en el pegado de cortes de piel para la fabricación de calzado. José María sufría malestar generalizado y pérdida de fuerza en los miembros.
Tras veinte días de hospitalización fue dado de alta al evidenciarse una recuperación parcial. El 3 de julio del 2000 fue necesario volver a ingresarlo en el hospital ilicitano. Su estado había empeorado y su déficit motor le llevó a una parálisis generalizada. Tres días después de su ingreso, le tocaba el turno a su mujer, Pilar Garrigós. Sufría los mismos síntomas.
Tras semanas de investigación se les diagnosticó a ambos la misma enfermedad, una polinueropatía sensitiva motor axona desmielinizante, la llamada parálisis del calzado. Se estableció que el agente tóxico no era otro que el denominado N-Hexano, componente del adhesivo Cement 1304, que el matrimonio usaba para el pegado de los cortes. El tóxico afectó su salud por inhalación de los vapores que respiraron mientras trabajaban en su domicilio.
Tanto la letrada del matrimonio, Aurora Salido, como el fiscal están de acuerdo en las causas que provocaron la enfermedad paralizante así como en acusar al empleador de la pareja, Manufacturas Lozamed S. L., y al fabricante del adhesivo tóxico, Inadyp S. L., como responsables directos. De hecho, tanto el representante del Ministerio Público como la acusación particular consideran que ambos industriales han cometido sendos delitos de lesiones por imprudencia grave y otro, sólo al gerente de Manufacturas Lozamed, contra los derechos de los trabajadores por incumplir la norma de prevención de riesgos laborales. Las defensas solicitan la libre absolución de sus clientes.
Pese a estar de acuerdo en las imputaciones, fiscal y acusación particular discrepan en las penas a imponer. Aurora Salida solicita que se condene al gerente de la fábrica de calzado a dos años de prisión y diez meses de multa por un delito contra los trabajadores, y dos años más por cada una de las lesiones imprudentes, mientras que el fiscal rebaja a 36 fines de semana por este último delito, además de los dos años por el otro contra los trabajadores.
La mayor discrepancia está en la cuantía de las indemnizaciones. El matrimonio considera que se les debe resarcir en 556.920 euros por las secuelas, el representante del Ministerio Público rebaja la cuantía a un 10%, es decir a 51.850 euros para la pareja.
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