Extremadura lidera un grupo de trabajo, por encargo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para estudiar el cambio de normativa respecto a los servicios de prevención ajenos, ya que el Gobierno extremeño advierte de que con la generalización de éstos, se ha ido a una “prevención formal”.
Así lo indicó hoy el director general de Trabajo de la Junta de Extremadura, José Luis Villar, antes de comparecer en la Comisión de Economía y Trabajo de la Asamblea de Extremadura.
En declaraciones a los periodistas, apuntó que este grupo de trabajo se enmarca en el plan para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y reducir los niveles de siniestralidad laboral, cuya dotación presupuestaria asciende a 450 millones de euros, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 22 de abril.
Villar explicó que los servicios de prevención ajenos nacen en 1996, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales europea, y desde entonces han crecido “en demasía”.
La posición del grupo, formado por varias CCAA españolas, abogará por el cambio de normativa para que la prevención sea una organización interna de la empresa, no algo externo como la limpieza o la seguridad, y pedirá más medios, adelantó.
“Se ha ido a cumplimiento formal -dijo-; es una de las cuestiones por las que los especialistas dicen que la siniestralidad ha subido desde que se promulgó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, parece una contradicción, pero es así”.
Villar subrayó que esta ley sí da resultados en otros países de la Europa comunitaria.
Informó de que en el 2004, la suma de los accidentes con baja, sin baja, “in itinere” (ida y regreso al trabajo) y de las enfermedades profesionales, aumentó un uno por ciento.
En cuanto a la siniestralidad con baja, los accidentes mortales y graves descendieron, mientras los leves subieron, dijo, especialmente en la provincia de Badajoz y en los sectores de Industria y Construcción.
Subrayó que las cifras de siniestralidad de España son “intolerables”, un 20% de toda Europa.
Apuntó que mientras que el “índice de incidencia” en la UE es de 4.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores expuestos, España está en los 6.500 y Extremadura en 5.000, por debajo de la media.
Villar indicó que las medidas que aplica la Junta están consensuadas con agentes sociales y están en relación con sus competencias, ya que ésta es una política de Estado.
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