El colectivo de inspectores de Trabajo, que esta semana se encerró en la delegación del ministerio para reclamar mejoras laborales y más protección jurídica tras la sentencia del caso Ardystil, ha acabado por destapar la caja de los truenos. El cuerpo de técnicos laborales aporta un novedoso argumento y asegura que la elevada tasa de siniestralidad que sufre el sector de la construcción se debe más que a las negligencias y omisiones de empresarios y trabajadores a la falta de implicación de los aparejadores.
No es que la responsabilidad directa de la alta tasa de accidentes de trabajo en la construcción recaiga directamente en ellos, pero sí indirectamente, según explican a este diario desde la Inspección de Trabajo de Alicante. Los aparejadores o arquitectos técnicos son los encargados de la ejecución del proyecto integral de obras, que incluye por imposición legal un anexo final con un plan de seguridad laboral y de prevención de riesgos.
La Inspección de Trabajo ha constatado desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad y Salud Laboral, vigente desde 1996, que los planes de seguridad en las promociones de edificación y las ejecuciones de obra pública o civil no se adecuan al proyecto constructivo en sí. «En la inmensa mayoría de las ocasiones, nos encontramos con planes de seguridad estándar, generalistas y que para nada tienen en cuenta las características específicas del proyecto constructivo y el desarrollo del mismo», explican las mismas fuentes de la Inspección de Trabajo de Alicante.
En infinidad de visitas (los inspectores tienen objetivos profesionales para tramitar mensualmente 25 infracciones en el caso de la industria y los servicios y de 34 en la construcción), estos altos funcionarios laborales están hallando elementos como aristas o salientes de los edificios que están absolutamente desprotegidos debido precisamente a la falta de correspondencia entre el proyecto de obra y el plan de seguridad laboral que elaboran los arquitectos técnicos, en muchas ocasiones en estrecha colaboración con técnicos de empresas de servicios de prevención ajenos.
Primera gran reforma
Los inspectores de Trabajo confían en que esta importante disfunción, que es causa de miles de accidentes leves, graves y mortales, se corrija a principios del próximo año, cuando está previsto que se apruebe en las Cortes generales la primera reforma en profundidad de la Ley de Seguridad y Salud Laboral. Una de las principales novedades es la imposición legal de los constructores a contratar a técnicos superiores y de grado medio en prevención de riesgos laborales para que controlen y vigilen el desarrollo de los proyectos desde el principio hasta el final en contacto directo con trabajadores, encargados y directores de obras.
Esta novedad normativa va a provocar, según apuntan los inspectores de Trabajo, una auténtica explosión en la demanda de estos profesionales. La opinión de los empresarios de la construcción y promoción inmobiliaria es muy distinta, ya que la reforma de la ley encarecerá los costes de explotación de las mercantiles. Aunque prefieren no sacarlo a colación abiertamente, entre los empresarios de la construcción existe la convicción de que la Ley de Seguridad Laboral del año 1996 ha encarecido los costes de producción, ya que en la inmensa mayoría se realizan inversiones millonarias en elementos de protección individual y colectiva de los trabajadores.
Ahora tendrán que asumir las altas en las cotizaciones de la Seguridad Social y las retribuciones salariales de los técnicos de prevención de riesgos en nómina permanente. Esta situación no es trasladable al sector industrial y de servicios, según el proyecto de reforma legal.
Caídas en altura
La mayoría de defectos en la prevención de riesgos de las constructoras alicantinas está relacionado con los huecos, sobre todo de ascensores, elevadores y escaleras. Esta falta de medidas de seguridad es la responsable de las caídas en altura, el principal motivo de los accidentes de consecuencias mortales y graves en las obras. El colectivo profesional también ha observado en no pocas ocasiones un uso indebido de las mallas de protección, que «más parecen estar colgadas como ornamento que con un fin claro para evitar el impacto en caso de accidente». La seguridad externa de las obras ha mejorado desde la entrada en vigor de la ley y difícil es el caso en el que el promotor o constructor aún utiliza como elemento de protección barandillas fabricadas con tableros de madera a modo rudimentario. Ahora se emplean las homologadas.
Este diario ha tratado, sin éxito, de conocer la versión del Colegio de Aparejadores sobre la imputación de los inspectores de Trabajo.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
