Un cambio temporal de juez en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de San Vicente hacen temer lo peor a los letrados del caso amianto. Aunque la sustitución del titular tan sólo es temporal y la togada que lo sustituye está capacitada para seguir con la causa, los abogados de la acusación particular creen que el proceso se paralizará hasta que vuelva el instructor y acabe de resolver todos los recursos presentados antes de la apertura del juicio oral.
El cambio de juez se debe a una excedencia solicitada por el instructor debido a asuntos personales. Según fuentes judiciales, el togado solicitó que se le suspendiera de empleo y sueldo desde el 8 de septiembre hasta el próximo mes de diciembre por asuntos propios.
Mientras dure la excedencia, una mujer sustituirá al titular del Juzgado Mixto Número 1 de San Vicente. Aunque como suplente podría seguir con la causa, los letrados están convencidos de que el expediente «se paralizará», ya que «el sumario es excesivamente amplio para ponerse al día durante el tiempo que dura la sustitución», explicó uno de los abogados de la acusación particular, José Manuel Sánchez.
La petición de excedencia del juez titular se suma al cambio de acusador público, al haberse jubilado ya el fiscal encargado del caso hasta ahora, Miguel Gutiérrez.
El pasado mayo, el fiscal jefe de Alicante anunciaba que la vista oral por el caso amianto podría celebrarse durante este mes de octubre, tras una instrucción de más de seis años y haciéndose cargo él mismo del asunto tras la jubilación de Miguel Gutiérrez. Sin embargo, en estos momentos el juzgado de San Vicente todavía tiene que resolver un buen número de recursos en torno a la apertura del juicio oral, señalaron fuentes de la acusación.
El fiscal y los abogados de los ex trabajadores afectados por el caso amianto solicitan tres años de prisión para dos ejecutivos de la empresa Fibrocementos de Levante y dos facultativos como presuntos responsables de la muerte de ocho empleados de la cementera y de las lesiones causadas a 29 trabajadores afectados de asbestosis. Además, se solicitan indemnizaciones por un valor conjunto de más de nueve millones de euros y que se inhabilite profesionalmente a cada uno de los procesados por un periodo de cuatro años y medio.
Según el fiscal, las actuaciones de los cuatro acusados, «sus omisiones con sus procederes negligentes y sus respectivas faltas de diligencia» contribuyeron a que se produjeran enfermedades respiratorias como asbestosis, neumoconosis, mesotelioma y procesos cancerígenos por la inhalación de amianto.
Según el escrito de acusación, «resultan evidentes los reiterados incumplimientos» de las normativas existentes desde 1947 en torno a las medidas de seguridad que se deben adoptar en las empresas para preservar la salud de los trabajadores que están en contacto con el amianto. De hecho, los obreros se encontraban en contacto con la sustancia tóxica, ya que «no se usaban mascarillas» o éstas eran de «papel», se empleaban monos normales como ropa de trabajo, existía una sola taquilla para la ropa limpia y la sucia» y ésta última se lavaba en los domicilios particulares de los empleados.
En cuanto a la imputación de los dos facultativos, el Ministerio Público considera acreditado que «los reconocimientos médicos no se realizaron o se hicieron de manera deficiente».
Por su parte, la empresa Uralita, a la que pertenece la mercantil Fibrocementos, considera que la empresa cumplió la normativa.
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