Es la pena a la que se arriesgan el gerente y dos encargados y jefes de obra de la firma Excavaciones Sierra por el fallecimiento de J. R., que quedó sepultado en una zanja por falta de las necesarias medidas de seguridad y vigilancia en la realización de unas obras. Los hechos ocurrieron hace 22 meses, en diciembre de 2007. La empresa excavadora realizaba movimientos de tierras y tareas de canalización para subdividir diversos pabellones en la citada zona industrial.
El fiscal considera que los tres acusados cometieron dos delitos, uno contra la seguridad y salud en el trabajo por infringir de manera grave la normativa vigente, pero también otro de homicidio imprudente, dadas las circunstancias acumuladas. Por el primero pide una condena de un año y seis meses de prisión, mientras que por el presunto homicidio solicita otros dos años y seis meses.
El escrito que ha elevado la acusación pública al juzgado de instrucción recuerda que ya el día anterior al accidente mortal hubo un primer problema serio en la obra. Un maquinista abrió una zanja para depositar en ella tuberías de polietileno para el saneamiento, que luego deberían nivelar dos operarios introduciéndose en el agujero. Pero las paredes de la zanja se desmoronaron y el operario paró su trabajo y protegió el acceso a la zanja con vallas móviles y cinta plástica.
Sin seguridad
Sin embargo, a la mañana siguiente el encargado visitó la obra, hizo el reparto de trabajos y se ausentó, no estando presente en el momento en que se produjo el accidente. Pero no consta que adoptara medidas ni dejara a ninguna persona encargada para la vigilancia del trabajo.
Dos horas después, hacia las 11 de la mañana, otro compañero detectó al infortunado J. R. en el interior de la zanja, sepultado tras un desprendimiento de tierra por la inestabilidad del terreno, que no había sido entibado. El informe de Osalan y la Inspección de Trabajo constató que no se detuvo el trabajo al pie del talud y la zanja no reunía las condiciones de seguridad necesarias, además de no haberse arbitrado otras medidas. Las infracciones a varios artículos de la ley eran tipificados como «muy graves» por los riesgos existentes de producirse un accidente, como así ocurrió.
El fallecido estaba a punto de jubilarse y era conocido entre la mayoría de sus compañeros como «el abuelo», según recordaban el día del accidente.
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