La Administración actuará para reforzar la seguridad de los funcionarios que ocupan puestos de atención al público tras el aumento de las agresiones que han sufrido con motivo de la crisis. Entre las medidas que se van a poner en marcha, según recoge un protocolo de actuación elaborado por el Ministerio de Hacienda, se van a instalar mamparas de protección, mostradores más anchos, timbres de alarma, sistemas de detección o más cámaras, entre otras.
El Gobierno también pondrá en marcha un registro de agresiones, ya que sospechan que el número real de incidentes es muy superior a las denuncias realizadas, en algunos casos porque no se sienten respaldados ni social ni jurídicamente.
Las agresiones más frecuentes que sufren los funcionarios son los abusos verbales y las amenazas. Junto a estas, también padecen agresiones físicas, como golpes o empujones.
Para prevenir las agresiones, el protocolo aboga por llevar a cabo simulacros periódicos, que refuercen la concienciación y las conductas preventivas de los empleados públicos. También prevé actuaciones de apoyo jurídico y psicológico por parte del Estado y la contratación de seguros de garantía de reclamación ante terceros por daños y perjuicios por malos tratos u ofensas verbales.
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