Los principales agentes implicados en la prevención y salud laboral coincidieron hoy en señalar que la precariedad en el trabajo y el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en algunos casos por falta de medios, son las principales causas de la alta siniestralidad en el trabajo.
Responsables en esta materia en el ámbito de la Comunidad aragonesa, sindicalistas y empresarios, se dieron cita en unas jornadas que se celebran en Zaragoza entre hoy y mañana para analizar los riesgos laborales con el objetivo de buscar soluciones, y que fueron inauguradas por el secretario general de UGT, Cándido Méndez.
En su intervención, Méndez destacó los aspectos positivos de la Ley, posiblemente la mejor de Europa en esta materia, en la que además los agentes sociales y sindicales “habíamos depositado fundadas esperanzas” porque finalmente los resultados no se han correspondido con la realidad.
En su opinión, el principal problema es que “la dinámica del mercado laboral se ha configurado de espaldas al marco normativo de la ley”, ya que el concepto de flexibilidad laboral puesto en marcha para la creación de empleo ha derivado en una precariedad laboral con una política basada en la temporalidad.
Según el líder de UGT, desde la aprobación de la Ley en 1995, el sesenta por ciento de los accidentes con baja han afectado a contratados temporales, una situación sufre un tercio de las plantillas de empleados.
Añadió que la temporalidad tiene además un componente de “gravedad” como es la rotación, que impide a los trabajadores afianzar los conocimientos sobre su puesto de trabajo, y aseguró que la tasa de rotación se ha duplicado de los 2,5 contratos por trabajador y año de 1995 a los 4,3 de 2001.
Los que “se llevan lo peor” de esta situación son los jóvenes, ya que son los más afectados por el paro y por la inestabilidad laboral, “algo distinto -dijo- al empleo estable, digno y con adecuadas condiciones laborales”.
Por ello, recordó que UGT ha promovido una iniciativa legislativa popular que se debatirá el próximo 19 de noviembre para modificar la normativa de los contratos con el fin de garantizar la estabilidad en el empleo, un debate al que, advirtió, “no hay que esperar” para se aplique la ley.
Para Méndez, es “un tema tan serio que lo que sobra es ruido -fotos- y lo que falta son nueces”, mayor coordinación entre las administraciones, dotar de mejores medios a la inspección laboral, además de ampliar el conocimiento de la ley y su aplicación.
Asimismo, resaltó la necesidad de mejorar la formación de los trabajadores, puesto que se detectado que en 30.000 empresas de gran tamaño analizadas, en el 70 por ciento no se había impartido formación alguna y de las que lo hicieron (30 por ciento), sólo el 16 por ciento impartió cursos para el riesgo específico de la actividad productiva que realizan, así como que el 75 por ciento de las empresas no tenían plan de prevención.
Por su parte, el consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés, reconoció que el cumplimiento de las obligaciones “ha sido meramente formal por la excesiva burocratización de las normas” y ha derivado en que la siniestralidad laboral, debido al elevado número de accidentes mortales, se ha convertido en el primer problema político-social.
Bandrés expresó la preocupación del Gobierno autonómico por los riesgos que crean las nuevas tecnologías, las subcontratas, el tamaño de las empresas como condicionante de políticas preventivas o la movilidad de los últimos tiempos.
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