La Diputación tendrá que pagar 284.600 euros como consecuencia de la orden de ejecución de una sentencia en la que resulta condenada. Los hechos sucedieron el 30 de agosto del año 2002, cuando un trabajador de un servicio de ambulancias sufrió un accidente y denunció a la Diputación por la presunta negligencia cometida durante la actuación de los bomberos del Sepei.
Los tribunales han terminado dando la razón al demandante, al que la institución provincial deberá pagar una indemnización de 200.000 euros. A esa cantidad hay sumar 50.000 euros en concepto de costas del procedimiento judicial y 34.600 por los intereses de demora. Para abonar estas cantidades, el pleno de ayer aprobó una modificación extraordinaria de crédito.
El diputado del Sepei, tomó la palabra para reprochar al grupo municipal socialista dos cuestiones: que no tuviera un suscrito de responsabilidad civil en el momento en el que sucedió el accidente y que hubiera seguido apelando cuando había razones para pronosticar una sentencia condenatoria. El portavoz socialista y secretario general provincial del partido, reconoció el error. «Asumimos el fallo; al entrar el nuevo equipo de gobierno, en el año 2003, suscribimos un seguro», respondió. «Lo demás -añadió- son cuestiones habituales en un proceso judicial, seguimos el criterio de la asesoría jurídica».
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