El nivel de desarrollo económico alcanzado por nuestro país no parece traducirse en seguridad de los trabajadores. La pregunta es ¿por qué España, que ya está plenamente asentada como uno de los países más desarrollados del mundo, sigue arrastrando esta lacra de muertes en el trabajo? Las respuestas probablemente son muchas. Desde distintos sectores se reclaman mayores medidas de seguridad y control prioritario en sectores como la construcción y una vigilancia más exhaustiva por parte de la Administración. La práctica ya totalmente extendida de la subcontratación y la precariedad laboral son también causas que se apuntan constantemente como origen de este tipo de sucesos.
La erradicación de los contratos abusivos y de contratas innecesarias son, sin duda, acciones que con las que se lograría disminuir el número de accidentes. Pero actualmente, y debido a los cambios que se están produciendo en la economía mundial, hay que hablar también de otros factores que hay que tener muy en cuenta no ya sólo para reducir el número de accidentes, sino para que no se creen circunstancias que puedan hacer que sigan creciendo.
Como representante de ASEPAL, la asociación que agrupa a cerca de 80 empresas que se dedican a la fabricación y distribución de equipos de protección individual (EPIs) en el trabajo, me corresponde denunciar aquellos aspectos que en el sector consideramos que, de no corregirse, pueden amenazar aún más la seguridad laboral. Durante los últimos 15 años el sector de los EPIs ha hecho un gran esfuerzo para adaptar sus procesos productivos a niveles de calidad homologables con el resto de la Unión Europa. Se han desarrollado normas armonizadas para la prevención de riesgos y las empresas han logrado alcanzar altos estándares de calidad y poner en el mercado únicamente productos que cumplen con las normativas más exigentes, tanto españolas como europeas. Sin embargo, este esfuerzo no siempre ha tenido su equivalente en las actuaciones de la Administración. La carencia fundamental es la falta de coordinación entre los distintos organismos implicados en un tema tan importante como son las inspecciones.
También contribuye a agravar la situación los retrasos que se producen en los Organismos Notificados encargados de realizar la certificación de los equipos. Estas demoras, que en ocasiones llegan a ser de un año y medio, suponen un grave perjuicio para las empresas españolas que tratan de competir con los bajos costes de las empresas asiáticas mediante la puesta en el mercado de productos con mayor aporte tecnológico e ingeniería de diseño y proceso que mejoran de forma continua las barreras de protección proporcionada al trabajador. A ello se suma la falta de homogeneidad en los criterios aplicados para certificar, que originan una competencia desleal dentro de la propia Unión Europea, dándose el caso de EPIs similares certificados con categorías distintas, dependiendo de la permisividad del organismo notificado involucrado.
La economía del sector también se está viendo seriamente afectada. La eliminación total de las cuotas de importación del sector textil -en vigor desde enero de 2005- está suponiendo una entrada masiva de prendas confeccionadas en los mercados asiáticos, sobre todo en China, a precios reventados.
A las empresas nos corresponde llevar a cabo procesos internos que nos permitan adaptarnos a esta nueva situación y seguir apostando por la calidad, la investigación la atención al cliente como nuestros principales avales. Pero la Administración no debe volver la espalda a unos hechos que están poniendo en juego la seguridad laboral y el empleo de miles de personas.
También es imperativo en ciertos sectores imponer periodos obligatorios de formación previa a los trabajadores sobre los riesgos que van a encontrar en el puesto de trabajo y los medios de prevención exigibles tanto a nivel colectivo como individual. El carácter recurrente de los siniestros exige acciones que garanticen al trabajador su integridad personal. La formación obligatoria sobre los riesgos y el uso de EPIs es, sin duda, imprescindible. La presentación de contratos de trabajo ante la Administración Pública debería estar ligada a esta formación obligatoria de los trabajadores en el uso seguro de maquinaria y herramientas y la utilización de los equipos adecuados.
Homogeneizar los criterios de los organismos notificados que certifican los productos; acabar con los retrasos que actualmente se producen; establecer una red de controles efectivos que ayude a detectar la distribución o el uso de equipos de baja calidad, en el lugar de fabricación, en las redes de venta y en los puestos de trabajo, e impartir formación previa, obligatoria y pública sobre los riesgos laborales de una actividad determinada y sus medios de protección son acciones que la Administración no debe posponer. El precio es demasiado alto.
Resumen del artículo técnico publicado en PW Magazine nº 13.
Puedes encontrar el artículo completo en el nº 13 de la Revista PW Magazine (www.pwmagazine.com)
Juan José Expositor – Gerente de ASEPAL (Asociación de Empresas de Equipos de Protección personal
Este contenido ha sido publicado en la sección Artículos Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
