Inmersos en una crisis de tal magnitud, todas las medidas paliativas que se tomen parecen pocas. Por ello, no podemos dejar de dar la bienvenida al denominado Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo) llevado a cabo por el Gobierno, con el que se pretende aminorar los efectos de la crisis económica en nuestro país. Los cuatro ejes de acción del Plan son: medidas de apoyo a empresas y familias; de fomento del empleo; medidas financieras y presupuestarias; y, por último, medidas de modernización de la economía.
Con una tasa de paro que supera el 13% de la población activa, podríamos decir que uno de los puntos más importantes de dicho Plan es el de la ayuda al empleo, con el que se pretende generar 300.000 puestos de trabajo distribuidos por toda la geografía española. Muchos de ellos estarán destinados al sector de la construcción, uno de los más afectados.
Un ejemplo de estas ayudas son las obras puestas en marcha por los ayuntamientos con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local con el objetivo de dinamizar la economía y crear puestos de trabajo. Los ayuntamientos son los principales inversores de este Plan con obras que se realizarán durante 2009 y se justificarán en el primer trimestre de 2010. Se espera que los puestos de trabajo creados en este apartado podrían llegar a una cifra superior al cuarto de millón en empleo directo y hasta 400.000 indirectos.
En este sentido, cabe pedir a la administración local que asuma su responsabilidad en lo que respecta a la seguridad laboral, ya que todo proyecto de construcción lleva parejo un proyecto de seguridad laboral de los trabajadores, y que uno no puede ser llevado a cabo sin el otro. La seguridad no es un complemento para el trabajo, sino que es parte integrante de él. No hay empleo seguro y de calidad sin las medidas de protección laboral necesarias.
Sobre la responsabilidad de la Administración en materia de protección laboral ha dicho recientemente Marcus Kallenbach, presidente de ASEPAL: “La prevención de riesgos laborales y en su caso la utilización adecuada de Equipos de Protección Laboral es un derecho de los trabajadores involucrados en esa actividad y un deber de los empresarios que acometen dichos proyectos. La responsabilidad en la prevención de riesgos es de todos los actores involucrados, pero éticamente en mayor grado a la Administración pública es a quien corresponde finalmente vigilar y poner los medios para que toda actividad laboral derivada de sus actuaciones resulte en un balance sin accidentes o enfermedades ocupacionales. El objetivo muy loable de aumentar la actividad económica del país para paliar el problema del paro laboral no se debe desvincular de la propia seguridad de los trabajadores que van a llevar a cabo dichos trabajos.”
Por tanto, es responsabilidad de todos los agentes intervinientes en la construcción, cumplir con la obligación de realizar estudios de riesgos y de aplicar sus dictámenes con seriedad. El incumplimiento en materia de seguridad, utilizando equipos que ya han finalizado su vida útil o no controlando este aspecto, vendría a ser un fraude que parecería doblemente grave, al hacerse con dinero público, incumpliendo la legislación laboral y poniendo en riesgo la salud y la vida de los trabajadores.
ASEPAL, como actor de la seguridad laboral, espera que en los nuevos planes de emergencia para el empleo se aplique la conciencia social y sobre todo la máxima de “incluso en crisis, no se puede renunciar a la seguridad laboral”.
ASEPAL, Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal
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