La aparición en 1995 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales trajo consigo un cambio de paradigma respecto a las condiciones de seguridad y salud en el ambiente de trabajo.
Atrás debía quedar una concepción basada en el mero cumplimiento normativo, a favor de una nueva cultura fundamentada en la prevención, en la lucha contra los riesgos a ser posible en su origen, en la identificación, valoración y control de cualquier situación que pudiera conllevar riesgo en el trabajo, emergiendo en la sociedad un sector altamente dinámico -el de los técnicos en prevención-, que por fin se veía reconocido socialmente a través de esta emergente e ilusionante cultura preventiva, en contraposición al ostracismo de etapas anteriores.
Somos precisamente los técnicos en prevención los más convencidos y los que mejor conocemos las bondades de este planteamiento, siendo igualmente los más interesados en defender, consolidar, fomentar y desarrollar esta nueva cultura preventiva.
Tras más de ocho años de vigencia de este paradigma, y un abundante desarrollo normativo, los técnicos en prevención comenzamos a detectar problemas serios en el sector que no conviene dejar de lado:
1. Una creciente judicialización de la profesión.
2. Ausencia de criterios de referencia con que medir nuestras actuaciones profesionales.
3. Frecuentes discrepancias en la interpretación normativa.
4. Ausencia de entidades aseguradoras, que quieran asegurar nuestra actividad profesional.
5. Inexistencia de un control real sobre el contenido de la actividad profesional.
6. Heterogeneidad en la formación de los técnicos por las empresas acreditadas.
7. Problemas en la aplicación real de las normativas.
8. Ausencia de un censo de técnicos acreditados para ello, así como ausencia de control sobre el intrusismo profesional.
Se estima que unos 30.000 técnicos en prevención ejercen en el estado español y por tanto soportan esta problemática, haciéndose necesario la creación de una estructura que vertebre y ordene este sector y defienda los legítimos intereses de este colectivo.
Cuando todo accidente grave se pretende que por la fiscalía, cuando los actuales colegios profesionales existentes carecen de contenido en esta especialidad preventiva y no todos sus colegiados son técnicos de prevención, cabe preguntarse si realmente hace falta un Colegio de Técnicos de Prevención.
Sin duda la creación de un colegio profesional supondría la ordenación del sector de abajo a arriba, desde el conocimiento de la profesión, de sus problemas y sus necesidades, siendo precisamente los propios interesados los encargados de su ordenación. Pero además siendo los colegios profesionales entidades sometidas al derecho publico, se constituiría en el instrumento mas adecuado para la salvaguardia de la ética, la deontología y la dignidad profesional de este colectivo.El colegio profesional de técnicos puede constituir el instrumento ideal para la detección y control de la competencia desleal y el intrusismo, convirtiéndose así mismo en el resorte que agrupe y cohesione al sector.
Por otro lado siendo una necesidad la aportación de criterios objetivos con que medir la buena praxis profesional en temas de prevención ¿Quien debería definirlos? ¿Es sostenible esta tendencia hacia la judicalizacion creciente de la profesión sin que exista ninguna estructura sólida que defienda nuestros legítimos intereses?
No cabe duda que hemos de ser los propios profesionales quienes desde nuestra diversidad de origen -hay que tener en cuenta que esta disciplina es multidisciplinar- hemos de confluir en un destino común evitando el riesgo que supondría la dispersión de las diferentes especialidades y haciendo casa común como técnicos en prevención en torno de un colegio que defienda los intereses de todos, y que ordene y potencie el sector dentro de la sociedad, protegiéndola del intrusismo.
Creo que ha llegado el momento de que todos los técnicos nos manifestemos con toda contundencia a favor de la creación de un colegio profesional para poder paliar los problemas que se avecinan en el desarrollo de nuestra profesión.
¿Es que para que exista una profesión es absolutamente necesario la existencia de una titulación académica al respecto?
Y si así fuese, ¿Que hacemos los profesionales que estamos trabajando en la actualidad ante esta inseguridad jurídica?
¿Es que esta equivocado el mercado que ha generado mas de treinta mil puestos de trabajo en cumplimiento de la legalidad vigente?
Y si somos profesión, porque estamos ejerciendo una actividad profesional, ¿donde quedamos los profesionales actualmente acreditados?.
Alfredo Pérez – Técnico superior en PRL. Acreditado en Seguridad, Higiene y Ergonomía y Psicosociologia aplicada
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