En Canadá parece que se han tomado en serio que el cáncer es una amenaza de primera magnitud para la salud pública y que constituye una prioridad nacional. Desde 1999 diversas organizaciones vienen desarrollando un intensa colaboración para promover una estrategia nacional de control del cáncer (Canadian Strategy for Cancer Control). En febrero de 2005 se presentó en el parlamento una propuesta para que el Gobierno adoptara la mencionada estrategia con carácter de ley.
Lo destacable no es que se haga prevención contra el cáncer. Eso se hace con más o menos acierto, y también con más o menos pompa, en la mayoría de los países. Lo que aquí se quiere resaltar es el carácter de estrategia global y nacional de esta iniciativa y el hecho de haber sido puesta en marcha por las administraciones públicas federales y provinciales en colaboración con organismos no gubernamentales.
El objetivo es, lógicamente, reducir la morbilidad y la mortalidad por cáncer, pero también mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Para ello, proponen tres líneas de actuación: mejorar la aplicación de los conocimientos científicos, una planificación más eficiente de los recursos y una mayor transversalidad de las políticas. La estrategia canadiense tiene una importante virtualidad: es el resultado del esfuerzo conjunto de varias instituciones públicas directamente relacionadas con la prevención del cáncer como la Agencia Canadiense de Salud Pública, la Asociación Canadiense de Agencias Provinciales contra el Cáncer, la Sociedad Canadiense del Cáncer y el Instituto Nacional del Cáncer, a las que se han ido sumando más de un centenar de organizaciones sociales, incluidos los sindicatos.
La mencionada estrategia parte del reconocimiento explícito de que las habituales campañas de prevención del cáncer han limitado su atención a factores individuales de riesgo como el consumo de tabaco, la dieta o la falta de ejercicio y que, para ser efectivos, es necesario ampliar el campo de la acción preventiva a los factores de riesgo laborales y ambientales. Es decir, si estimaciones científicas reconocen que el 80% del cáncer es de origen laboral y ambiental (en buena medida producido por la acción humana y, por tanto, evitable), parece que lo más racional y efectivo sea abordar el asunto mediante políticas preventivas públicas, es decir colectivas.
Este tipo de políticas, ya las venían practicando, y con buenos resultados, algunas organizaciones sindicales como el sindicato del automóvil Canadian Auto Workers Union. Dicho sindicato inició en 1997 una intensa campaña de prevención del cáncer promoviendo conferencias a nivel nacional y regional, editando folletos y videos divulgativos y manteniendo negociaciones con los responsables políticos y con los empresarios. La campaña consiguió la eliminación de muchos cancerígenos laborales. A título de ejemplo, el sindicato consiguió en 1999 un acuerdo con el fabricante de automóviles Ford, para eliminar el uso de 14 sustancias peligrosas muchas de ellas cancerígenas como el amianto, el cloruro de vinilo y algunos PCBs.
Otros sindicatos, han desarrollado también campañas orientadas a la eliminación de cancerígenos en el trabajo. Entre ellos cabe destacar los sindicatos canadienses de la industria química, de la industria y comercio de alimentación, y de los empleados públicos. Entre los resultados conseguidos están la sustitución de fluidos de corte por aceites vegetales, la sustitución de disolventes orgánicos por soluciones acuosas en actividades de limpieza industrial o la eliminación del amianto y del cloruro de vinilo.
Hay que destacar, también, la labor de numerosas organizaciones sociales dedicadas a la concienciación del publico y a la lucha contra la contaminación ambiental que, con poco más que el trabajo voluntario de sus miembros, han conseguido importantes éxitos. Uno de los más destacados ha consistido en la prohibición del uso de plaguicidas en jardines y locales públicos municipales.
La estrategia canadiense de lucha contra el cáncer despliega su acción en aquellos ámbitos que han sido identificados por los numerosos grupos de trabajo constituidos al efecto, como los que requieren una mayor atención. Entre ellos, la identificación y vigilancia de los agentes cancerígenos y de la población expuesta, la información y educación de la población laboral y no laboral, la reducción de la exposición a cancerígenos mediante procesos de eliminación, sustitución o control de su uso industrial, y la acción legislativa. Para todos estos ámbitos se han elaborado recomendaciones que pueden ser de gran utilidad preventiva. Así, se promueve la recogida sistemática de datos de la vigilancia médica y de la vigilancia de la exposición, poniendo dicha información a disposición del público. También se fomentan las investigaciones para evidenciar las posibles relaciones entre la exposición y los efectos en la salud.
Hay recomendaciones sobre la necesidad de informar y formar a la población en general y a los trabajadores en particular acerca de los cancerígenos más habituales presentes en los ambientes de vida y de trabajo, así como sobre las medidas de prevención primaria disponibles. Otras recomendaciones, en fin, se dirigen a los empresarios con el objetivo de que cumplan la legislación, revisen sus prácticas en relación a los cancerígenos y desarrollen o se acojan a programas de reducción del uso de tóxicos.
La puesta en práctica de estas recomendaciones dan lugar a una serie de ejemplos de buenas prácticas preventivas desarrolladas en los mencionados ámbitos de atención preferente. Así, por ejemplo, para aumentar el conocimiento de la exposición a cancerígenos al objeto de planificar intervenciones preventivas adecuadas, se han creado bases de datos medioambientales que contienen información sobre cancerígenos, como el Northern Contaminants Program (Programa de contaminantes de la zona norte), o programas específicos como el Alberta Community Exposure and Health Effects Assessment Program (Programa de evaluación de la exposición y los efectos en la salud de la comunidad de Alberta). La presión de las organizaciones sociales, grupos ecologistas y sindicatos han conseguido materializar el derecho a conocer de los trabajadores y ciudadanos. Así, se han generalizado las etiquetas con información sobre la composición de los productos que se utilizan o se consumen.
En este campo, uno de los sistemas de información más importante es el Workplace Hazardous Materials Information System (Sistema de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo), que garantiza a los trabajadores el derecho a la información sobre las sustancias peligrosas a las que están expuestos. Otro ejemplo es el National Pollutant Release Inventory (Inventario nacional de emisión de contaminantes) que produce información sobre las emisiones industriales de 268 contaminantes. Presionadas por la normativa o por la necesidad de ofrecer una buena imagen pública, muchas empresas han adoptado programas voluntarios de reducción del uso de tóxicos. Para ello, cuentan con el apoyo y la asistencia técnica de instituciones como el Eco-efficiency Centre in Halifax (Centro de eco-eficiencia en Halifax) y hasta con apoyo financiero, como el que ofrece el programa Enviroclub de Québec. Pero lo que al parecer ha dado los mejores resultados ha sido la normativa dirigida a la regulación o prohibición del uso de cancerígenos. Se han promulgado diversas normas que contienen obligaciones sobre la aplicación de las alternativas menos peligrosas en los lugares de trabajo, mientras que la normativa medioambiental, por su parte, permite al Gobierno federal diferentes opciones de control de las emisiones. De esta forma, por ejemplo, las dioxinas y furanos han podido ser eliminadas de las emisiones de las industrias papeleras.
Rafael Gadea – Revista Por Experiencia
Este contenido ha sido publicado en la sección Artículos Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
