La incidencia de los accidentes laborales en el sector agrario no ha hecho más que incrementarse desde 2003. Los datos absolutos son engañosos: presentan un descenso aparente de los accidentes que no tiene en cuenta ni la disminución del empleo agrícola y ni mucho menos la altísima infradeclaración de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los accidentes son sólo una de las consecuencias de unas condiciones de trabajo precarias.
El sector agrario es el segundo sector de actividad con mayor índice de mortalidad en accidente de trabajo. En él se produce una media de dos accidentes de trabajo mortales cada semana. En 2008 murieron por accidente laboral 87 personas del sector. En esta lista negra, el campo tan sólo es superado por el sector de la construcción.
En 2008 se produjeron, además, 33.367 accidentes laborales con baja, frente a los 36.383 del año anterior. Sin embargo, si comparamos los índices de incidencia (el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores) vemos que las lesiones por accidente de trabajo en el campo español no han dejado de aumentar desde 2003, mientras que ha ocurrido lo contrario en los demás sectores económicos. Por tomar sólo los tres últimos años y según el anuario estadístico del Ministerio de Trabajo, en 2006, el índice de incidencia en el sector agrario fue de 3.020 accidentes, en 2007 de 3.107 y en 2008 de 3.111.
La cuestión es tan preocupante que ha dado lugar a una investigación especial del Grupo Agrario de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST). De las labores de ese grupo se ha confirmado lo que ya sabíamos: que la mayoría de accidentes (55%) se produce por la pérdida de control de maquinarias o medios de transportes, por resbalones o derrumbamientos (16%) o por caídas (8%). Y un dato preocupante que habla también de la soledad del trabajador agrícola y de la desidia en la investigación del accidente: no se tiene ninguna información sobre las causas de un 14% de los accidentes mortales.
Tanto los accidentes debidos al uso de tractores u otros vehículos agrícolas (vuelcos, atropellos, etc..) como los debidos a caídas, tienen mucho que ver con el hecho de que en el sector agrario no hay ninguna normativa que regule las condiciones que deben cumplir los lugares del trabajo.
Esta situación de desregulación se traduce en una indefensión total de los trabajadores en su puesto de trabajo cuyos efectos mortales son evidentes. Precisamente por ello, en el Grupo Agrario de la CNSST, se acaba de aprobar la creación de un subgrupo de trabajo que tiene que analizar y elaborar un documento sobre las condiciones de los lugares de trabajo en el sector agrícola, propuesta que deberá traducirse en un Real Decreto que obligue a los empresarios a atender como es debido la seguridad en las explotaciones agrarias, pues de otra forma será imposible atajar este chorreo de daños.
La precariedad y la eventualidad están en la base de los accidentes: un 56% de los accidentes se produce entre trabajadores que tienen un contrato temporal y un 62 % entre trabajadores con un antigüedad en el puesto inferior a un año. Esa misma eventualidad es también el origen del ocultamiento de los accidentes leves y de las enfermedades profesionales. Como recordaba recientemente Antonio Gutiérrez, de los servicios jurídicos de la Confederación Sindical de CC.OO. en Andalucía: “En el campo está instalada la cultura de que cuando uno está malo se va a casa, no trabaja, no cobra y punto”. Este abogado denuncia que en Andalucía y en Extremadura son los mismos empresarios los que aconsejan al trabajador enfermo o accidentado leve que se vaya a casa y solicite la reanudación del subsidio del Régimen Especial Agrario.
La población extranjera es también la que más sufre. El índice de incidencia de accidentes con baja de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social pertenecientes al sector agrario es muy superior (3.535 por cada 100.000 trabajadores) al índice de incidencia correspondiente a los trabajadores españoles (2.555).
En este panorama negro y sin duda preocupante hay empresas que, presionadas por los comités de seguridad y salud, están tomando cartas en el asunto y demostrando que prevenir es posible en las explotaciones agrarias. Esta posibilidad se aprecia claramente cuando pasamos de las grandes cifras a los relatos concretos como el que realiza Roberto Reyes, presidente del Comité de Seguridad y Salud de Bonny, un conocida explotación de tomates y pepinos en Las Palmas de Gran Canaria.
Roberto explica lo que ellos llaman el “lineal de vida”: “Se trata de una estructura de acero que la empresa instaló hace dos años para que aparquen debajo los camiones. Los camiones llegan con cajas que hay que descargar y el trabajador tiene que trepar a lo alto del camión para quitar la red. Gracias a esas barras de acero, los trabajadores pueden subir al camión sujetos a un arnés”. Desde que se ha instalado este sistema se han evitado las caídas en altura: “Si hubiéramos tenido estas barras desde el principio se habrían podido evitar muchos accidentes en los últimos quince años” explica Roberto.
Un riesgo similar de caídas se produce en los invernaderos a los que hay que cambiar el plástico cada año: “En el invernadero se produce una media de dos o tres caídas por campaña. Algunas muy graves porque hay trabajadores que llegan a estar a seis metros de altura”. El comité de seguridad y salud y la dirección de la empresa están buscando soluciones que minimicen este riesgo, pero todavía no se ha conseguido nada. Otro de los riesgos para la salud que necesita solución urgente se debe a la utilización del azufre: “Se espolvorean de azufre las plantas en los invernaderos con los trabajadores dentro” señala Roberto. Además hay trabajadores que al entrar en contacto con el azufre en la recolección de los tomates han desarrollado alergias ocupacionales.
En la mayoría de explotaciones agrarias los trabajadores y trabajadoras no tienen acceso a lavabos en su lugar de trabajo, ni comedores, ni vestuarios, ni áreas de descanso, que sí son obligatorios en otros centros de trabajo. En Bonny, la representación sindical ha conseguido un protocolo de atención especial a las embarazadas en virtud del cual éstas pueden ir a descansar a un cuarto especial cuando se sienten fatigadas.
Los efectos de la acción sindical son evidentes, y fundamentales para que los trabajadores se animen a exigir sus derechos. Pero no debemos olvidar que el empresario está obligado a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y que de forma generalizada eso no se está haciendo. Tampoco podemos olvidar que una deficiente vigilancia de la salud, incapaz de detectar precozmente las enfermedades profesionales, es cómplice fundamental de esta situación insostenible.
Revista Por Experiencia – ISTAS, Alberto Valle. Adjunto a la Secretaría de Salud Laboral de la Federación Estatal Agroalimentaria de CCOO
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