Al finalizar el año 2002 había dos noticias que trasmitir relacionadas con la salud laboral. Una mala y otra buena. La mala: las muertes por accidente de trabajo crecían un 8%, a pesar de que precisamente ese año lográbamos por primera vez desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención la reducción de los accidentes con baja. La buena: el acuerdo alcanzado el penúltimo día del año en el seno de la Mesa de Diálogo Social para la Prevención de Riesgos Laborales, que recoge las principales reivindicaciones y propuestas planteadas por los sindicatos y dota de nuevos instrumentos para una efectiva aplicación de la normativa a fin de lograr una reducción de la siniestralidad laboral y una mejora de la salud y seguridad en el trabajo.
Las propuestas realizadas por los sindicatos en la Mesa de Diálogo Social no habían sido improvisadas, sino que pretendían resolver los principales problemas que nos han llevado a las intolerables tasas de siniestralidad que padecemos: el importante incumplimiento empresarial de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la mala praxis preventiva por parte de empresas y Servicios de Prevención, la insuficiencia de recursos –además de una orientación equivocada- de la administración para vigilar y sancionar los incumplimientos.
Durante la negociación del acuerdo, los objetivos sindicales han estado dirigidos a una multiplicidad de asuntos: mantener la presión sobre aquellas empresas que no cumplen las normas o tienen más accidentes, conseguir una aplicación real y no sólo formal de la Ley, llevar la prevención a las empresas contratadas y subcontratadas, mejorar los mecanismos de inspección y vigilancia, reformar las Mutuas y los sistemas de cotización, favorecer el ejercicio de los derechos de los trabajadores y sus representantes sindicales.
El debate que se ha llevado a cabo no es en absoluto baladí. Se trata de una primera revisión de aquellos aspectos que tras siete de años de vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no han funcionado como se esperaba o exigen una puesta al día debido a los cambios que se han venido produciendo en el trabajo.
Reformas y compromisos
El acuerdo alcanzado pretende abordar las reformas necesarias para corregir el rumbo. Algunas afectan directamente a la prevención en el seno de la empresa. Propiciar la integración de la gestión preventiva en la empresa, terminar con la burocracia y el papeleo como sinónimos de prevención, aumentar la calidad de las actuaciones de los Servicios de Prevención y de las Mutuas, desarrollar un Plan Nacional de Formación que abarque a todos los agentes y sujetos de la prevención en la empresa (empresarios, directivos, mandos intermedios, delegados de prevención y trabajadores).
Además, se ha acordado desarrollar reglamentariamente el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que trata sobre la obligación de coordinar la actuación entre la empresa principal, las contratas y las subcontratas, estableciendo la cadena de responsabilidades para evitar los gravísimos efectos sobre la salud y la seguridad de los trabajadores que estas nuevas formas de organizar la producción y el trabajo generan. Los derechos de representación de los delegados de prevención también se van a ver ampliados para tutelar la protección de los trabajadores de las empresas subsidiarias.
Aumentar y modernizar los recursos
Por otro lado, se van a reforzar los recursos dedicados a la vigilancia y el control de los incumplimientos normativos incorporando a estas funciones al personal técnico especializado de las distintas administraciones con lo que se ampliará en unos 750 el número de efectivos dedicados a visitar las empresas con funciones inspectoras.
La modernización de las Mutuas es otro de los temas abordados. Puede parecer de poca entidad que el acuerdo se haya limitado a abrir un período de reflexión. No obstante, es la primera vez que se consigue comprometer al Gobierno y a la patronal en entrar al debate sobre la necesidad de reformar las mutuas en profundidad y de hacerlo de forma consensuada con los sindicatos. Ya está sobre la mesa la conveniencia de adaptar las Juntas Directivas para la incorporación de todos los sujetos e intereses afectados por sus funciones, es decir, no sólo los empresarios sino también los sindicatos y la propia Seguridad Social.
Completan los acuerdos otras propuestas relativas a la continuidad de los planes de choque, la actualización de la lista de enfermedades profesionales, la reorientación de la vigilancia de la salud de los trabajadores, la revisión de las tarifas de cotización a la Seguridad Social por accidente de trabajo o la incentivación de la prevención mediante la aplicación del sistema bonus-malus.
Ahora, manos a la obra. Hacer vivir esos compromisos no sólo en las páginas del Boletín Oficial del Estado, sino también en la práctica de todos los agentes preventivos involucrados y, sobre todo, en cada empresa y en cada puesto de trabajo es la tarea que asumimos desde Comisiones Obreras, conscientes de que de hacerlo así, no sólo reduciremos los accidentes, sino también otros daños a la salud que aunque menos visibles socialmente, afectan a la calidad de vida e integridad de millones de trabajadores. Mejoraremos en definitiva las condiciones de trabajo.
El acuerdo punto por punto
El acuerdo adopta una serie de propuestas para su refrendo en la Conferencia Sectorial de Trabajo del Gobierno y las Comunidades Autónomas y en la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Tales propuestas son principalmente compromisos del Gobierno, a desarrollar en los próximos meses. Algunos de éstos son claros, precisos e inmediatos. Otros requerirán de nuevas conversaciones. Todos implican medidas y reformas, legales o no, de gran calado largamente planteadas por los sindicatos:
1) Continuidad de los planes de choque sobre las empresas de mayor siniestralidad e implantación de una ficha de seguimiento con las empresas visitadas, la evolución de la siniestralidad en ellas y su situación preventiva.
2) Nuevos sistemas de información con más datos e información rápida sobre accidentes mortales.
3) Reforzamiento del sistema de vigilancia y control, principalmente habilitando a los técnicos de las Comunidades Autónomas y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo con funciones asimiladas a las de la Inspección de Trabajo.
4) Reforma del marco normativo, tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, para incluir especificaciones relativas a:
– La obligación de que todas las empresas elaboren un proyecto de integración preventiva o “plan de prevención de riesgos“.
– Promover la presencia en el centro de trabajo de recursos preventivos propios de la empresa.
– Clarificar el cometido y modalidad de las auditorías.
– Combatir el cumplimiento meramente formal o documental de las obligaciones.
– Asegurar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones por los diferentes sujetos responsables en materia de prevención.
5) Desarrollo reglamentario del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, referido a la coordinación de actividades empresariales.
6) Adopción del “Documento de Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en las Empresas” elaborado por la Inspección de Trabajo con la participación de los agentes sociales, que establece la necesidad de integrar la acción preventiva en el funcionamiento habitual de las empresas.
7) Creación de un Consejo Tripartito y apertura de una reflexión amplia y profunda para la modernización de las Mutuas, que entre otros asuntos tratará del Plan General de Actividades Preventivas y de la conveniencia de incorporar a las Juntas Directivas de las Mutuas a representantes de la Seguridad Social y de los sindicatos.
8) Desarrollo de un Programa de Formación, en el marco del Plan General de Actividades Preventivas de las Mutuas y con la colaboración de los agentes sociales, coherente con el Plan Nacional de Formación aprobado en la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.
9) Implantar una nueva tarifa para la cotización a la Seguridad Social por las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y un sistema de reducción o de incremento de la cotización según la evolución de la siniestralidad laboral de la empresa, manteniendo en todo caso el equilibrio económico-financiero del sistema.
10) Compromiso de asegurar la continuidad de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y garantizar su financiación.
11) Se ratifican los acuerdos del 28-9-2001 sobre Salud Laboral referidos a la actualización de la Lista española de Enfermedades Profesionales, al incremento de la oferta de Profesionales Sanitarios, a la promoción de la Vigilancia de la Salud y al desarrollo de un Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral.
12) Compromiso de todas las partes de tratar, para su adecuación normativa, sobre la representación de los trabajadores de las contratas y subcontratas y sobre el reconocimiento de las figuras representativas adoptadas en los órganos tripartitos territoriales (delegados de prevención territoriales y/o sectoriales).
ISTAS, Revista Por Experiencia – Joaquín Nieto
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