Deberá responder por un presunto delito de imprudencia con resultado de muerte y lesiones
Un niño de once años falleció y dos personas resultaron heridas en 1997
El suceso
14 de septiembre de 1997
Una explosión de gas propano en la urbanización de El Pichón se cobra la vida de un niño de once años y causa heridas a dos personas, entre ellas la madre de la víctima. El suceso se produjo cuando ésta puso en marcha la secadora, que se encontraba en el sótano.
Causa
La Audiencia Provincial ha admitido que el origen de la explosión está en la falta de previsión en el mantenimiento de la instalación.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha dictado auto de imputación por un delito de imprudencia con resultado de muerte y lesiones contra el jefe de seguridad de Repsol, Santiago Aramendi, por la explosión de gas registrada en septiembre de 1997 en un chalé de la urbanización El Pichón, en la localidad de Simancas, donde un niño de once años perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas, entre ellas la madre de la víctima.
El auto del juez, José Alberto Rodríguez Carretero, se produce después de que la Audiencia Provincial, fruto de los recursos de las partes perjudicadas, revocara la decisión del juzgador de transformar el caso en un juicio de faltas y ordenara su transformación en procedimiento abreviado al observar indicios de delito. En su auto afirmaba que «se omitieron elementales deberes de precaución encaminados a evitar una explosión».
Ahora, en su nuevo auto, el magistrado acuerda la apertura de juicio oral y dicta auto de imputación por delito de imprudencia con resultado de muerte y lesiones contra el entonces jefe de seguridad de Repsol, Santiago Aramendi, si bien una de las partes personadas en el caso ha recurrido en reforma dicha decisión, por entender que la lista de imputados ha de ser todavía mayor y convencido de que el juez se ha olvidado de incluir los daños materiales producidos por la deflagración.
Y es que uno de los letrados de la acusación, que representa a un vecino que resultó lesionado, no se explica cómo el director de Repsol en Castilla y León, Joaquín Lorenzo Garrote, que figuraba inicialmente como imputado, ha quedado ahora fuera del auto y tampoco aparecen responsables de Termigás. Esta es la empresa a la que se encomendó la tarea de reponer la red general de la urbanización después de que en 1989 se produjera otra explosión que, en esa ocasión, se saldó sin desgracias personales.
El abogado entiende que cuando se renovó la red general, utilizando para ello el cobre, la empresa encargada de los trabajos dejó enterradas seis conducciones de acero sin protección catódica, origen de la tragedia registrada el 14 de septiembre de 1997, como consecuencia de la cual el niño de once años Álvaro Gallego Sánchez perdió la vida, otras dos personas resultaron heridas, entre ellas la madre del menor, y se produjeron importantes daños. Más de un centenar de vecinos estuvieron sin calefacción durante aquel invierno y sin agua durante mes y medio.
Indemnización
El caso parecía haber quedado prácticamente finiquitado después de que la familia Gallego llegara a un acuerdo por el que Repsol pagó una indemnización de 160 millones de pesetas (962.000 euros) en concepto de resarcimiento por la muerte del niño, las graves lesiones sufridas por la madre, los daños morales y la destrucción del chalé, que hubo de ser demolido. Ahora cobra un nuevo rumbo a raíz de las acciones de varias acusaciones, una en representación de un vecino lesionado y la otra que aglutina a una pluralidad de perjudicados.
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