El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso interpuesto por un médico del Centro de Salud de Calpe que se contagió de hepatitis C al pincharse con una jeringuilla con la que acababa de inyectar a un paciente y a quien se le denegó la incapacitación por invalidez total.
El TSJ ratifica la decisión de la Conselleria de Sanidad y del Instituto Nacional de la Seguridad Social que denegaron al facultativo la invalidez permanente.
Jose Francisco V. A. se contagió del virus de la hepatitis en 1992. En 1994 se le diagnosticó la enfermedad e inició los trámites para conseguir la incapacitación por invalidez permanente y la pensión correspondiente, que fue negada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en 1998 “por no alcanzar las lesiones que padece un grado de disminución de su capacidad laboral para ser constitutivas de incapacidad permanente’, según señala la sentencia.
El reclamante, José Francisco V. A., padece una serie de dolencias que le impiden desempeñar actividades que requieran esfuerzos físicos, según consta en la sentencia. La sala de lo social del TSJ considera que “tales dolencias tan solo le impiden el desempeño de actividades que requieran esfuerzos físicos’ y contraindican las que “impliquen riesgos de transmisión de dicha enfermedad a otras personas -como ocurren en algunas tareas de su profesión de médico-‘.
No está inhabilitado
La sentencia apunta que podría estar afectado por una “incapacidad parcial o total para su profesión habitual’, aunque “dada la entidad y el alcance funcional de sus lesiones, no se encuentra inhabilitado por completo para toda profesión’.
Por otra parte, el TSJ ha denegado la indemnización a una vecina de Alicante, María Isabel A. B., que se contagió con el virus de la hepatitis. La reclamante ingresó en 1975 en el Hospital General Universitario de Alicante con un cuadro de aborto incompleto y le realizaron varias transfusiones de sangre contaminada por el virus. No obstante, la sentencia del TSJ señala que los hechos ocurrieron con anterioridad a que la medicina conociera la existencia de ese virus, en 1989.
A pesar de ello, la Conselleria de Sanidad admitió en 1997 a trámite la reclamación formulada por la paciente por defectuosa asistencia sanitaria en la que pedía una indemnización de 20 millones.
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