Dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) se han entrevistado con la alcaldesa, Pilar Barreiro, para exponerle una serie de denuncias sobre irregularidades laborales y de seguridad en la piscina cubierta. La regidora se ha comprometido a investigarlas, según el sindicato.
En rueda de prensa los máximos dirigentes de USO en la Región, la comarca y el ayuntamiento, expusieron una serie de anomalías en la gestión de la piscina cubierta, a cargo de la empresa Grupis 92, concesionaria de estas instalaciones desde hace ocho años y hasta dentro de siete. José Antonio Reyes, secretario general de USO en la Región, aseguró que los trabajadores les pidieron que intervinieran en la regularización de la situación laboral, precaria en la mayor parte del personal contratado.
Según este testimonio, no existe convenio colectivo y los monitores son «los peor pagados en la misma actividad en Cartagena: 594 pesetas netas por hora, mientras en otras piscinas municipales se pagan a 1.100 pesetas la hora. «Al no haber convenio de aplicación pagan como quieren y les hacen contratos de subalternos». Como dato que ilustra esta precariedad aseguran que un total de 153 trabajadores han pasado por la piscina desde 1996. La mayoría trabaja sólo dos horas al día y los contratos son de once meses, suspendiéndose la relación en agosto, por lo que no disfrutan de vacaciones pagadas, según USO.
En la piscina no se pueden hacer elecciones sindicales, porque aunque hay 50 trabajadores, nunca llegan a tener antigüedad suficiente para que se realicen votaciones sindicales. Fuentes de Grupis 92 consideran que la empresa se organiza con autonomía y siempre cumpliendo la ley. Las jornadas son de dos horas para evitar, según esta versión, que los monitores se cansen en la vigilancia de los alumnos. Asimismo dicen que la remuneración es acorde con el título exigido: graduado escolar y un curso de 50 horas.
Jesús Cortado, secretario de la sección de USO en el ayuntamiento, relató una serie de denuncias como delegado de seguridad y salud laboral: los monitores atienden a 16 niños por cada hora, por lo que los usuarios se han quejado, como también un trabajador que fue despedido. Esta relación alumnos/profesor fue desmentida ayer por fuentes de la empresa: «La media es de siete por monitor. No saben lo que dicen, porque no hay legislación sobre el número de alumnos». USO denuncia además que los trabajadores no son formados sobre sus riesgos laborales, que existe un almacén con productos químicos al alcance de los niños, que no se revisan los extintores por empresas autorizadas, que las puertas de emergencia no son las adecuadas y que las cristaleras no permiten saber si un niño está en el fondo o en la superficie de la piscina cuando hay mucho sol. También dicen que no hay separación suficiente entre los vasos de piscina, escaleras inadecuadas e iluminación insuficiente. Para la empresa las deficiencias en la estructura de las instalaciones no son de su competencia, sino del ayuntamiento, al que USO considera responsable subsidiario.
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