Las máquinas de los equipos de extinción forestal de Ourense revientan por viejas. Con una media de 30 años y de 300.000 kilómetros de rodaje a sus espaldas, según los trabajadores que las emplean, las autobombas que utilizan los forestales ourensanos de los equipos de tierra en su lucha contra los incendios forman el parque móvil más envejecido de Galicia. Y en la provincia de Ourense se genera el 50% de los incendios forestales del Estado.
El miércoles pasado, en el fuego que, según datos oficiales de Medio Rural, arrasó 73 hectáreas de Castro de Beiro, en la periferia rural de la capital, y que se mantuvo activo durante más de dos días, dos autobombas que hacían un trabajo complementario de regado para evitar brotes no pudieron culminar su trabajo. Las máquinas empezaron a vaciar agua en dos puntos enfrentados y cuando les faltaban apenas 20 metros para encontrarse y dar por concluida la faena, reventaron ambas. No pudieron continuar.
El agente forestal y miembro del Consello Forestal de Galicia en representación de los grupos ambientales, Xosé Santos, colaboró en la extinción de ese incendio. Para él y el resto del equipo fue “traumático” ver cómo las viejas autobombas impedían al personal de tierra rematar un trabajo de días de esfuerzo con la ayuda de numerosos medios aéreos.
Las dos envejecidas máquinas que reventaron en el incendio de Castro de Beiro, que pertenecen al distrito forestal 12 de Ourense, están ahora en un taller de la ciudad en espera de su reparación, en plena oleada de incendios en la provincia. El agente José Santos sostiene que los trabajadores forestales se sienten desamparados. No dejan de hacerse la misma pregunta. “¿Dónde está enterrado el presupuesto de 107 millones de euros para prevención y extinción aprobado por la Xunta?”.
Los agentes forestales ourensanos aseguran que no se está cumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada en 1995 a instancias de una directiva comunitaria. “No se ha hecho valoración inicial de riesgo para saber las necesidades de los equipos; se incumple lo básico en cuestión de salud y seguridad de los trabajadores, que ni siquiera tenemos botiquines de primeros auxilios adecuados, y el material del que disponemos es obsoleto”.
A esto añaden otra queja: “La política de ocultismo informativo de la Xunta nos parece insultante; degrada nuestro trabajo porque es imprescindible informar de los delitos y de que trabajamos contra ellos”. “Es una locura pensar que van a cambiar las cosas si seguimos haciendo lo mismo”, apunta el agente forestal, al tiempo que advierte de que la espiral de gasto del Gobierno gallego, que cada nueva legislatura aumenta el presupuesto en la lucha contra incendios, es ineficaz. “Cada año se destina más dinero a los incendios. ¿En qué se gasta?”, inquiere Santos.
Durante los gobiernos de Manuel Fraga el presupuesto era de una media de 30 millones de euros anuales; el bipartito elevó la cantidad a cerca de 70 millones y el equipo de Feijóo la ha subido a 107. “Pero a prevención se destinan sólo tres millones, el resto se gasta todo en las extinciones”, matiza el experto forestal ourensano.
Las quejas se suman a las de falta de dotación de equipos personales que la Consellería de Medio Rural reparte anualmente entre los trabajadores de los equipos de extinción de tierra.
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