USO manifestó ayer, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, que el acoso en el trabajo es un factor de riesgo en la organización del trabajo y en las relaciones laborales, “suponiendo un incumplimiento grave de las normas de prevención, seguridad y salud laboral en la empresa”. Asimismo, consideró que existe un “atropello” de derechos constitucionales básicos de las trabajadores víctimas de acoso, como el derecho a la intimidad, al respeto de la dignidad personal a la seguridad, la salud y la integridad física y moral, así como el derecho a la no discriminación.
A su juicio, un buen gestor de personal y de organización empresarial “tiene que apostar por el mayor rendimiento sobre la base del bienestar del personal, pues la clave del éxito radica en potenciar la autoestima de sus empleados”.
Sin embargo, señaló que el número de denuncias por acoso ante la Inspección de Trabajo ha aumentado en un 300 por ciento desde el año 1996 en que entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Por este motivo, el departamento de la Mujer de la USO denuncia la falta de una normativa “grave y específica”, tanto a nivel nacional como europea, que identifique y tipifique este “grave problema laboral que no interesa, excepto al fin mezquino del acosador, que tiene que ser sancionado”.
Asimismo, exigió al Gobierno que establezca en la legislación laboral una definición del acoso en el ámbito laboral, con su correspondiente procedimiento sancionador, teniendo en cuenta que ha de dársele un “tratamiento de sumario, confidencial y con garantías absolutas de no represaliar a la persona denunciante”.
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