La empresa Uralita recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula los anteriores fallos de los juzgados de lo social sevillanos y que obliga a la empresa a aumentar en un 30% las prestaciones a tres trabajadores por incapacidad permanente derivada de la enfermedad profesional por exposición al amianto.
Según informaron a Europa Press fuentes de la empresa, Uralita decidió recurrir el fallo de TSJA, “ya que la propia sentencia no califica de graves las infracciones cometidas, ni establece relación causal entre el incumplimiento y la enfermedad de los trabajadores e impone el recargo mínimo que prevé la ley”. Las fuentes precisaron que estas razones “llevaron a anteriores tribunales especializados en la materia a descartar cualquier tipo de recargo en las prestaciones a los trabajadores”.
Asimismo, Uralita aseguró que “la mayor parte de las sentencias dictadas en otras comunidades autónomas han sido favorables a la empresa y el propio TSJA ha emitido otras seis sentencias favorables”.
Uralita consideró que su actuación ha sido correcta, “no sólo hemos cumplido siempre con la legislación vigente en cada momento sobre el amianto, sino que incluso nos hemos adelantado a ella, adoptando en nuestras fábricas, entre ellas la de Bellavista, en Sevilla, un conjunto de medidas de prevención desde 1977, cinco años antes de que la legislación española las adoptase como obligatorias (la primera legislación sobre esta materia en España es de 1982) y seis años antes de que la Organización Internacional de Trabajo y la Comunidad Económica Europea recomendase su adopción”.
Las fuentes indicaron que las enfermedades del amianto, exclusivas de las vías respiratorias, que aparecen con periodos de latencia de hasta 20 y 30 años, y que afectan a trabajadores, “son consecuencia de la inhalación de concentraciones elevadas y durante muchos años del mineral y de las condiciones laborales que se daban hace más de 30 años, antes de que se tomaran las primeras medidas, cuando los conocimientos científicos y la repercusión del amianto en la salud eran muy limitados y la legislación nula”.
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