UGT acusó hoy a los empresarios de ser los responsables del incremento de la siniestralidad laboral, que en el primer trimestre del año se saldó con 298 muertos (+16,4 por ciento). Según un comunicado del sindicato que dirige Cándido Méndez, estos datos demuestran que la siniestralidad sigue creciendo por el incumpliento sistemático de la Ley de Riesgos Laborales por parte de los empresarios, y por la pasividad del Gobierno.
Además, considera que el Ejecutivo ha contribuido con la reforma laboral de 2001 “y ahora se agrava con el decretazo sobre la protección por desempleo, porque introducirá aún más precariedad en las condiciones de trabajo”. “El Gobierno del PP, con el señor Aznar a la cabeza, parece insaciable en su afán de aniquilar por completo los logros y derechos sociales y laborales de los trabajadores de este país, por los que han cotizado con mucho esfuerzo y que nadie les ha regalado”, añadió.
Sin embargo, afirma que se sigue impasible ante el permanente y continuo incumplimiento de la Ley por parte de los empresarios, que cuentan además, con la complicidad pasiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y el propio Gobierno, que por un lado, legisla para que el trabajador tenga que dedicar mucho mas tiempo en los trayectos, y por otro, pretende eliminar de las estadísticas de accidentes de trabajo los in itinere, que en el primer trimestre provocaron un 3,6 por ciento más de fallecidos que en el año anterior.
UGT destacó que del total de accidentes de trabajo con baja registrados oficialmente desde 1996, el 60 por ciento ocurrieron entre los trabajadores con contratos temporales. Además, de las 30.000 empresas que acumulan más de la mitad de los accidentes de trabajo, el 66 por ciento no ha realizado ninguna planificación preventiva, y el 98 por ciento no realiza vigilancia de salud específica.
“Estos son incumplimientos de una ley que lleva en vigor seis años y que están provocando un drama y un coste social insoportable, así como, un coste económico para el sistema público y el sistema productivo, que debería ser prioritario atajar por el Gobierno a través de medidas por la vía de urgencia”.
Sin embargo, el sindicato denuncia que el Gobierno tampoco hace nada para paliar el gasto derivado de la siniestralidad laboral, con 25 millones de jornadas perdidas como consecuencia de la siniestralidad laboral y más de 2,5 billones de pesetas anuales como consecuencia de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de los cuales más de 900.000 millones de pesetas son de costes directos para el sistema público de la Seguridad Social, y de estos, más de 300.000 millones lo son para pensiones originadas por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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