La Inspección de Alicante critica que el Gobierno no dé aún vía libre legal para penalizar la alta siniestralidad.
El Gobierno del Partido Popular anunció en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 que en el plazo de un año fijaría un procedimiento específico para imponer aumentos o reducciones de cuotas a la Seguridad Social según el empresario dispusiera en su centro laboral más o menos medios para prevenir los accidentes de trabajo. La propuesta cayó en saco roto, al menos hasta la fecha, porque la Inspección de Trabajo de Alicante critica abiertamente el vacío legal que existe al respecto, dos años después de vencer el plazo acotado. El área de seguridad y salud laboral de la Inspección de Trabajo de Alicante reitera la necesidad de implantar un sistema ‘bonus-malus’ con una recarga de cuotas sociales de hasta el 50% para las empresas que registren accidentes de forma sistemática.
La propuesta no es nueva. De ella se hizo eco, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, el ex conseller de Empleo y actual titular del departamento de Bienestar Social, Rafael Blasco. En esencia, se trata de un plan de bonus-malus, similar al establecido en el ramo del automóvil del sector de seguros privados, que primaría con exenciones fiscales y sociales a las empresas que inviertan en medidas de protección de la salud de sus trabajadores y que penalizaría a las que, precisamente por no preocuparse de los planes de prevención de riesgos, son escenario de una alta tasa de siniestralidad laboral.
El debate se ha reactivado ahora y el protagonismo lo detenta la Inspección de Trabajo de Alicante, la cual ha lanzado el órdago al Ministerio de Trabajo con ocasión de unas jornadas celebradas hace unos días en Lanzarote para analizar cuál es el papel de la inspección de trabajo y de la Seguridad Social en la prevención de los riesgos.
El jefe de equipo del Área de Seguridad y Salud Laboral de la Inspección Provincial de Trabajo de Alicante, Miguel Ángel Luengo Sánchez, defiende la tesis de que es necesario que este cuerpo de la Administración central, y también de la autonómica precisamente en temas sobre seguridad laboral, «asuma un nuevo protagonismo que, sin eludir la exigencia del cumplimiento hasta las últimas consecuencias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en vigor desde febrero de 1996, utilice instrumentos legales hasta ahora insuficientemente desarrollados y que ayudarían a reducir la alta siniestralidad laboral que afecta al país y a la provincia de Alicante».
Este funcionario laboral que coordina el equipo de la Inspección de Trabajo en Alicante considera «injusto» que pague lo mismo un empresario que invierte en medidas de protección colectivas de riesgos laborales que otro que se olvida por completo de sus obligaciones en materia de prevención de la seguridad y salud de su plantilla.
La Inspección de Alicante, que el pasado año llegó a paralizar unas 60 construcciones por riesgo inminente de accidente laboral grave y que ha impuesto sanciones administrativas multimillonarias por falta de medidas de seguridad en empresas de todos los sectores, considera que el papel de la Administración en el objetivo de reducir los accidentes no es más importante que el de los propios agentes económicos, entre ellos los empresarios. Por ello, propone en una de las ponencias admitidas en el congreso nacional sobre la prevención que se dé vía libre legal a los inspectores para recargar de un 30% a un 50% las prestaciones que se generen por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La Inspección de Alicante recuerda que el Gobierno anunció en la Ley de Presupuestos Generales de 1998 que desarrollaría el instrumento legal y que todavía no lo ha hecho.
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