La reordenación del sector de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sigue en marcha. El ministerio de Trabajo ha dado un paso más en la liberalización del sector, elaborando un decreto que, como principal novedad, elimina las limitaciones que ahora tenían los servicios de prevención vinculados a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En 2006 la ley obligó a la veintena de mutuas existentes a que segregaran sus servicios de prevención de riesgos y canalizaran estas actividades a través de sociedades mercantiles creadas a ese efecto al margen de las entidades colaboradoras de la Seguridad Social.
Esta segregación obedecía a la necesidad de que estos servicios de prevención operaran en igualdad de condiciones con el resto de sociedades de prevención de riesgos privadas, que no tenían detrás ninguna entidad colaboradora de la Seguridad Social, ni su capital público, ni una cartera de clientes, como la de las mutuas.
Sin embargo, el decreto que reguló la actividad de estas nuevas entidades de prevención les impuso una limitación: sólo podrían trabajar con la cartera de clientes de la mutua de la que se habían segregado.
Con el decreto que prepara ahora Trabajo esa limitación desaparece y se amplía su cartera de negocio a la totalidad de las empresas de todos los sectores, según explicaron fuentes de este departamento encargadas de redactar el texto legal.
Con ello y con la segregación total de las entidades dependientes de las mutuas -iniciada en 2006 y cuyo fin está previsto para finales de 2009- aumentará notablemente la competencia en el sector.
Este decreto tuvo una primera versión que está siendo ahora modificada tras recibir las peticiones de cambio de los interlocutores sociales, cuyo plazo de presentación de alegaciones terminó el 30 de junio.
Fuentes del sindicato Comisiones Obreras denunciaron que en este primer borrador el Ministerio de Trabajo “abría a la iniciativa privada” las actuales entidades de prevención de riesgos segregadas de las mutuas, cuyo capital social, aunque no proviene de las cotizaciones sociales, no es del todo privado porque es “afecto a unos fines” relacionados con la prevención. Por este motivo, está sujeto al control de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, al Tribunal de Cuentas y a los propios interlocutores sociales.
En concreto, los responsables de CC.OO. se referían a la posibilidad, que recogía el primer texto de Trabajo, de que estas empresas vinculadas a las mutuas se asociaran con sociedades de prevención de riesgos completamente privadas ya existentes en el sector. Los sindicatos temían que con este cambio, las entidades participadas por nuevo capital privado escaparan al control de la Seguridad Social.
Sin embargo, fuentes de Trabajo aseguraron que tras recibir las alegaciones al primer borrador, el texto que preparan ahora no recoge esta posibilidad de asociación entre empresas de prevención de las mutuas y las sociedades privadas.
Asimismo, estas fuentes aseguraron que las entidades de prevención vinculadas a la mutuas seguirán bajo el control pertinente de la Seguridad Social.
Si bien se mantiene la posibilidad de que el capital privado adquiera la totalidad de una entidad de prevención de riesgos que haya sido segregada de una mutua de accidente de trabajo.
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